Aunque ningún otro país latinoamericano tiene entre sus objetivos inmediatos la legalización de la marihuana, en varios se plantea la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal, entre otras medidas. En Brasil, una comisión de juristas que estudia la reforma del Código Penal propuso permitir la tenencia de cualquier sustancia, mientras no sobrepase las dosis para cinco días. En Chile, el activismo cannábico debatió el autocultivo como alternativa para combatir el narcotráfico en el Congreso, mientras que ya tiene media sanción en Colombia el proyecto que busca despenalizar los cultivos ilícitos de marihuana, coca y opio, cuya represión generó que el 16 por ciento de los presos colombianos sean campesinos sin recursos.

El anteproyecto de ley brasileño entró al Congreso el 27 de junio pasado y mantiene las penas de entre 5 a 15 años en los casos de tráfico, pero excluye de pena al autocultivo de marihuana y la tenencia de otras drogas si son para uso personal. El activismo local critica especialmente que se considere tenencia ilegal más cantidad de sustancias que la necesaria para cinco días, ya que en el caso de la cosecha de cannabis, que es anual, quedarían desprotegidos los cultivadores.

“Chile está obligado a debatir sobre la ineficacia de la política antidroga, primero, porque ha aumentado el consumo. Segundo, porque, dada la liberalidad de la legislación en materia financiera, es uno de los países que pueden ser atractivos para los señores que tienen interés en el lavado de dinero”, reconoció el ex presidente Ricardo Lagos. La Comisión de Juventud del Congreso chileno recibió a principios de mayo a los activistas cannábicos, que cosecharon apoyos de varios legisladores de izquierda para avanzar con la despenalización del autocultivo y la tenencia de marihuana.

En el caso de Colombia, el principal impulsor de la no criminalización de los cultivos ilícitos, como ocurre en Perú con la hoja de coca, es el diputado Hugo Velázquez Jaramillo. Sus argumentos principales refieren al abandono oficial de los campesinos y su necesidad de sembrar marihuana, opio y coca para su supervivencia; la saturación carcelaria y el desplazamiento de las áreas cultivadas, por su ilegalidad, lo que repercute en la tala de selvas y bosques.