Al considerar que el texto aprobado por la Legislatura “excede los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia” en materia de aborto no punible, el veto que firmó Mauricio Macri “expresa una total tergiversación de los contenidos de ese fallo”, dice la diputada María Elena Naddeo. “La Corte no pone límites de edad ni de tiempo de gestación para acceder al aborto cuando hay riesgo para la vida o para la salud de la mujer, o en casos de violación”, sostiene la legisladora Gabriela Alegre. “El que contradice el fallo de la Corte es Macri, porque impone la reglamentación restrictiva de (Jorge) Lemus, que exige la intervención de un comité de ética (antes de autorizar un aborto no punible) cuando la Corte expresamente pidió que no se pongan obstáculos y el único requisito que impuso fue el consentimiento informado de la mujer”, concluye María José Lubertino.

“Es falso que la ley exceda los alcances del fallo de la Corte cuando establece el límite de 14 años para que una niña (en caso de violación) pueda acceder a un aborto no punible”, sostiene Lubertino, en diálogo con Página/12: “Ese fallo no sólo no establece límites de edad, sino que fue dictado en un caso de una niña de 15 años víctima de violación”.

Naddeo agrega que Macri hace “una interpretación capciosa del Código Civil, al sujetar la decisión de una adolescente violada a la voluntad de sus representantes legales”, ya que “ignora el concepto de autonomía progresiva que otorga la Convención de los Derechos del Niño, un texto de rango superior y más actual que el Código Civil”.

Alegre, por su parte, puntualiza que el fallo de la Corte tampoco pone límites de tiempo de gestación, como lo hace la reglamentación de Lemus, que establece un límite de 12 semanas: es más, fue dictado en un caso de una niña con un embarazo de 19 semanas. “El protocolo de la Ciudad, entonces, reglamenta cosas sobre las que la Corte no se pronunció.” La legisladora, integrante de la Comisión de Salud de la Legislatura, también rechazó el argumento que considera inconstitucional la obligación de hacer expresa la objeción de conciencia por parte de los profesionales en el momento de ingresar a una institución de salud. “La ley prioriza garantizar la atención de las personas, esto es válido para todo el sistema de salud, especialmente en casos como los de muerte digna o aborto no punible.” Es decir que el paciente debe saber que en determinados casos su médico no lo va a atender.

El veto también cuestiona el concepto de “salud integral” utilizado en el texto de la ley. “Tanto el Código Penal como el fallo de la Corte consideran no punible el aborto en caso de riesgo para la vida y la salud de la mujer. La ley aprobada por la mayoría de la Legislatura incorpora este concepto en un sentido amplio, de salud integral, como establece la ley 153 de salud, y el macrismo tiene miedo de que eso sea usado como una despenalización general del aborto”, considera Naddeo, presidenta de la Comisión de Mujer Infancia Adolescencia y Juventud. “Esto no es así –aclara–, ya que esta situación de riesgo debería estar determinada por un equipo médico.”

Otro de los argumentos del veto macrista es la obligatoriedad de que las prestaciones sean garantizadas tanto por los efectores de la salud pública como por los de la seguridad social o el sector privado, al considerar que se restringen derechos de estos dos sectores. Naddeo considera que “por tratarse de un derecho a la salud, la práctica debe ser garantizada por todos los sectores, y en todo caso, lo que se debe discutir es si se hace en forma gratuita o no, si tiene o no cobertura en el nomenclador”.

“Macri tiene la soberbia de creer que va a ser mejor una resolución restrictiva que una ley trabajada seriamente por todos los bloques de la oposición”, opina Alegre.

Para Lubertino, “los argumentos jurídicos mentirosos tienen un trasfondo de obediencia a los sectores fundamentalistas religiosos”. “La denuncia por discriminación que me hicieron esos fundamentalistas es una cortina de humo: el veto es la verdadera discriminación hacia las mujeres”, concluyó Lubertino.

Según Jorge Selser, titular del la Comisión de Salud de la Legislatura, (Partido Socialista Auténtico) “queda absolutamente claro que Macri no respeta las instituciones republicanas, no brega por el consenso y desoye a la oposición”. “Los argumentos para el veto de la ley sancionada por la Legislatura son falsos. Mientras en Uruguay se discute y avanza en estos conceptos que dan cuenta de una sociedad moderna, civilizada y comprensiva, el Gobierno de la Ciudad, en cambio, utiliza lo más anacrónico y fundamentalista del pensamiento para gobernar”, concluyó.

Virginia González Gass (Proyecto Sur) considera “lamentable que Macri siga avasallando a las víctimas de violación. La ley de aborto no punible no excedía el fallo de la Corte, pero él lo ignora”. Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) lo consideró “otro golpe a los derechos de las mujeres”. Para María Rachid (Frente para la Victoria), la medida “va en contra de la voluntad popular expresada por la Legislatura, y en contra de los derechos de las mujeres”. Y para Aníbal Ibarra (Frente Progresista y Popular) se trata de “un límite al derecho a los abortos en casos de violación: un veto más y un derecho menos”.