La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú planea recurrir a la Justicia para pedir información oficial sobre los resultados del monitoreo realizado en la planta de Botnia-UPM y el río Uruguay, tras la instalación de la fábrica de celulosa que es rechazada por los entrerrianos.

El asambleísta Martín Alazard dijo que el monitoreo compartido entre ambos países se realiza desde hace dos años, pero “hasta el momento no hay información oficial”. “El monitoreo es secreto para la sociedad civil, vamos a apelar a instancias legales porque tenemos el derecho a la información”, advirtió el dirigente.

“Con la excusa de que no se ponen de acuerdo las delegaciones de Argentina y Uruguay en la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay), a la población no se le informa sobre la contaminación que sabemos que causa Botnia-UPM”, acotó.

El monitoreo de la planta de la compañía finlandesa y a los ríos Uruguay y Gualeguaychú comenzó en noviembre de 2010 por un acuerdo entre ambos países tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el diferendo surgido tras la instalación de la planta de pasta de celulosa finlandesa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, frente a Gualeguaychú.