“Cuando la detenida tiene un bebé pero es extranjera o no tiene domicilio fijo o está en situación de pobreza o vive en una villa, generalmente los jueces le niegan el arresto domiciliario –reveló a este diario Ariel Cejas Meliare, director de Protección de los Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación–. En esos casos, apelamos ante la Cámara: a veces se gana, a veces no.”

El funcionario puntualizó que “desde que entró en vigor la Ley 26.742, en 2009, la cantidad de mujeres presas con sus hijos es mucho menor. Un sector de detenidas que en general no recibe el beneficio de la prisión domiciliaria son las extranjeras, ya que los jueces aducen que podrían fugarse. Y la proporción de presas extranjeras ha crecido hasta llegar a la mitad del total. En su mayoría fueron condenadas por haber ejercido como ‘mulas’ en el narcotráfico, y una buena respuesta sería que este año el Congreso apruebe el proyecto de ley que, cuando este delito se comete por primera vez y en el marco de una situación de pobreza, baja la pena mínima a tres años de cárcel, lo cual permitiría la excarcelación”.