Dom 17.02.2013

SOCIEDAD • SUBNOTA  › MARIA SOFIA SAGUES, CONSTITUCIONALISTA

Tensión entre dos derechos

› Por Mariana Carbajal

Aunque la violencia simbólica y la violencia mediática contra las mujeres están definidas en una ley, no existen herramientas legales para sancionarla, advierte la profesora de Derecho Constitucional María Sofía Sagués. En el último Encuentro Nacional de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), que tuvo lugar en agosto pasado en Santiago del Estero, Sagués expuso justamente sobre las limitaciones de los marcos jurídicos frente a las expresiones de odio hacia las mujeres que se reflejan en las canciones, que se difunden por los medios de comunicación y las tensiones entre el principio de igualdad y no discriminación y la libertad de expresión. En una entrevista con Página/12 analizó la temática.

–Desde su visión jurídica, ¿se puede aplicar alguna sanción a quienes cantan canciones misóginas?

–En esta temática se encuentran en tensión dos elementos fundamentales de nuestro sistema jurídico y democrático: el principio de igualdad y no discriminación, y la libertad de expresión. Dentro de este marco se prevén diversas soluciones que responden a situaciones específicas. Es necesario analizar el contenido de cada expresión a fin de poder concluir si da a lugar o no a sanciones. El sistema jurídico argentino no admite la violencia contra la mujer. La ley 26.485, que tiene por objeto promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, brinda protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y define la violencia simbólica y la mediática. La norma se enlaza con la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños –ambas con jerarquía constitucional–, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En general existen restricciones a la libertad de expresión tales como el horario de protección al menor en el ámbito televisivo, la venta limitada a mayores de edad de ciertas publicaciones o sanciones aplicables en el caso de publicidad que promueva, por ejemplo, la violencia contra la mujer. Incluso la Convención Americana sobre Derechos Humanos –con jerarquía constitucional– permite un supuesto excepcional de censura previa sobre espectáculos públicos con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos, para la protección moral de la infancia y la adolescencia.

–¿Algunos tipos penales vigentes como la apología del crimen, la incitación a cometer delitos y la incitación a la violencia colectiva podrían aplicarse sobre expresiones de violencia contra la mujer que encontramos en canciones?

–Las exigencias legales de estas figuras hacen que sólo cubran casos donde se realice apología o se instigue respecto de hechos concretos, determinados, circunstanciados –por ejemplo referidos a una persona individualizada–; no genéricos en abstracto, por más que estos últimos multipliquen patrones socioculturales de violencia contra la mujer. Es por esa razón que, a pesar de que están vigentes leyes y convenciones internacionales en contra de la violencia contra la mujer, las normas penales contienen estrictas exigencias que dejan fuera de su aplicación muchos supuestos de violencia simbólica y mediática. A ello se suma que las figuras mencionadas carecen de la especificidad necesaria para tratar de manera adecuada un tema particular y estructural como este tipo de violencia.

–¿Es distinto con respecto a las expresiones de odio religioso o racial?

–En ese caso, están reguladas por un tipo penal específico. El artículo 3 de la Ley 23.592 establece que “serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren de una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alertaren o iniciaren a la persecución u el odio contra una persona o grupo de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

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