La condena a dos años y un mes por lesiones graves a las hermanas Jara fue cuestionada ayer por distintos legisladores y organizaciones sociales, que consideraron al fallo como parte de una “Justicia sexista”.

La Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) repudió el fallo y advirtió que las condenadas fueron “víctimas del abuso de poder de un hombre y también del sistema judicial”. La presidenta de la entidad, Mabel Bianco, consultada por Página/12, indicó que “por un lado estamos contentas, más allá de que las hayan condenado, porque ahora las chicas están libres. Eso es algo positivo. Pero por otro lado, respecto del proceso en general fue absolutamente irregular y paradigmático. Desde las fuerzas de seguridad que tomaron las denuncias, la Justicia y los defensores oficiales, todos fueron hitos erróneos. Y esto es una muestra de la cultura sexista imperante en nuestro país. Las hermanas pasaron de ser víctimas a victimarias. No podemos aceptar más mujeres revictimizadas por fuerzas de seguridad y justicia sexista”.

En este sentido, Bianco sostuvo que el fallo debe servir para “insistir en la implementación de la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, concretando sin demora la capacitación del personal de la Justicia y las fuerzas de seguridad, además de controlar su cumplimiento”. A su vez, la presidenta de la fundación advirtió sobre la necesidad de seguir trabajando en el tema, ya que “no sólo tenemos el caso de las hermanas Jara, sino que también existen un montón de casos que no conocemos y que pueden estar pasando en este mismo momento”.

La diputada nacional por la UCR María Luisa Storani dijo tras el fallo que “no se hizo justicia como esperábamos porque la condena existió. Las hermanas Jara quedaron en libertad, pero no fueron absueltas. Esto pone en evidencia una Justicia machista y patriarcal”. “Seguiremos en la lucha para que estos casos no vuelvan a ocurrir. Las jóvenes Jara fueron víctimas de un intento de violación y actuaron en defensa propia”, manifestó Storani.

En tanto, la diputada por el Movimiento Libres del Sur en el FAP, Victoria Donda, consideró “inaceptable que se las haya condenado por coautoras en lesiones graves, a 2 años y 1 mes, condena que ya cumplieron en la prisión preventiva en que estuvieron todo este tiempo y por eso pueden volver a su hogar”.

“Este tribunal es una vergüenza, igual que los defensores oficiales que inicialmente debieron defenderlas y no lo hicieron. Voy a acompañar a su defensa particular en el pedido de juicio político a estos funcionarios sin escrúpulos, y en la apelación, para que se declare la inocencia de estas jóvenes”, sostuvo.

Por su parte, la diputada porteña por el Frente Progresista Popular María Elena Naddeo consideró “preocupante que el acoso sexual, una de las tantas formas de violencia contra las mujeres, no se haya tenido en cuenta en todo el proceso”. En su declaración indagatoria, las jóvenes, de 20 y 21 años, ratificaron que actuaron “en defensa propia”, porque Leguizamón, afirmaron, intentó violarlas cuando regresaban a su casa en el barrio de Paso del Rey, partido de Moreno. “Preocupa también el mensaje que se está dando a la sociedad cuando las mujeres se defienden de sus abusadores, evitando quizás una violación o incluso poner en riesgo su vida”, agregó Naddeo.