“El proyecto presentado por Rocío Sánchez Andía en 2010, y que hasta ahora no ha sido tratado en la Comisión de Justicia de la Legislatura, es un protocolo a tener en cuenta cuando se ordena un desalojo en la Ciudad de Buenos Aires”, explicó a Página/12 el titular del bloque de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez. “Allí se determinan las obligaciones del gobierno porteño en los procesos judiciales y en los procedimientos administrativos para disponer la desocupación de bienes inmuebles que tienen uso manifiesto de vivienda”, señaló el diputado porteño.

El proyecto crea un “registro actualizado” de los desalojos realizados y acerca de la población afectada; establece que el Poder Ejecutivo debe designar una autoridad de aplicación del protocolo de desalojo, mientras que el Ministerio Público Fiscal tendrá que comunicar “en forma inmediata” sobre cualquier operativo de lanzamiento a la autoridad de aplicación, a la Defensoría General de la Ciudad y a la Asesoría General Tutelar.

La iniciativa propone además que la autoridad de aplicación deberá garantizar “la intervención de un Equipo Interdisciplinario (integrado por trabajadores sociales, psicólogos, abogados y médicos) para que brinde “asesoramiento jurídico” y asistencia integral a las familias y personas afectadas hasta que se resuelva su situación habitacional. El Poder Ejecutivo, por su parte, tendrá que “garantizar la existencia de unidades de contención con infraestructura adecuada para albergar transitoriamente a las personas y familias”. Del mismo modo, los funcionarios tendrán la “obligación de comparecer personalmente” cuando se los cite a prestar declaración en las audiencias de los procesos judiciales.

El artículo 11 del proyecto de ley expresa que “en todos los casos el Poder Ejecutivo garantizará que los/las afectados/as por el desalojo no queden en situación de calle”. La autoridad de aplicación tendrá que enviar informes mensuales sobre la aplicación de esta norma a la Comisión de Vivienda de la Legislatura.

“El objetivo del proyecto es ordenar los casos de desalojos para que no haya atropellos; esto no significa que pongamos en tela de juicio la legitimidad del reclamo del propietario del inmueble, pero también tenemos que preservar el derecho a la vivienda digna”, subrayó Sánchez. “Sabemos que en un desalojo hay millones de situaciones diferentes, desde la presencia de transas, de aguantaderos, mezclados con personas que están ocupando un lugar porque carecen de una vivienda y tienen una familia detrás”.

“Hay personas que no tienen donde vivir y son víctimas de la inacción de las políticas públicas habitacionales. Por eso es necesario hacer un registro sobre las desocupaciones de inmuebles, sobre la cantidad de familias que están viviendo en edificios tomados, que son muchos en la Ciudad de Buenos Aires y tienen todas las complejidades que pueda uno imaginar; por eso mismo hay que hacer un trabajo a fondo para separar la paja del trigo y dar asistencia a todos los que estén en situaciones de emergencia habitacional y también desalojar a los que estén actuando fuera de la ley”, insistió el diputado de la Coalición Cívica.

Sánchez reconoció que “hay situaciones complejas, lugares en donde no se puede ingresar para saber quiénes viven allí, pero hay que tener muy en cuenta que hay derechos que no son respetados y desalojos que son justificados desde el discurso ideológico de tribuna, sin considerar a las personas afectadas que hay detrás de cada caso”.