“La protección de los derechos humanos avala la lucha por la consecución del derecho al aborto seguro, legal y gratuito”, aseguró la abogada Lourdes Bascary, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “No sólo hay una necesidad de debatir la despenalización, sino que hay una obligación de hacerlo. Una obligación de cumplir con compromisos asumidos ante la comunidad internacional y en nuestra propia Constitución desde 1994. Es decir, no una obligación en sentido genérico, sino en sentido concreto”, continuó Bascary. Fue ayer, en el Congreso, durante una audiencia pública convocada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y que contó con la presencia de los diputados Jorge Rivas, Adriana Puiggrós, Mara Brawer, María del Carmen Bianchi, Victoria Donda, Araceli Ferreyra y Adela Segarra, entre otros legisladores. Junto a Bascary expusieron la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Mariela Belski, y la investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), Mariana Romero.

El panel abordó argumentos legales, jurídicos y médicos que avalan la necesidad de debatir y sancionar la despenalización del aborto. Los pañuelos verdes, símbolo de la campaña, fueron el signo distintivo en la Sala Parodi, de la Cámara de Diputados, donde tuvo lugar la audiencia pública.

En Argentina “un cuarto de las muertes maternas sigue ocurriendo por abortos inseguros. No las mata el aborto. Las matan las condiciones en que acceden a esa práctica”, detalló Romero, también investigadora del Conicet. “La penalización del aborto viola los derechos a la igualdad y a la no discriminación”, advirtió la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Mariela Belski. Como consecuencia de la criminalización se mueren “las mujeres pobres”, que son las que “tienen abortos inseguros”, mientras que “las que tienen poder adquisitivo acceden a abortos seguros”, agregó.

El panel fue convocado con el título “El aborto desde la perspectiva de la salud y los derechos humanos”. La actividad tuvo como marco, además, el octavo aniversario de la campaña, que “ha logrado visibilizar y ampliar la lucha por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y vidas en materia de salud sexual y reproductiva”, destacó Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir, una de las más de doscientas organizaciones que la integran. La campaña elaboró un proyecto de ley, que fue firmado por unos sesenta diputados y diputadas de un amplio arco político, que establece la despenalización y legalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación y más allá de ese plazo en casos de violación o cuando corren riesgo la vida o la salud de la mujer.

Durante su presentación, Belski afirmó que “el Estado tiene la obligación de permitir que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo y sobre el tipo de familias que quieran tener”. Además, pidió a los legisladores que vuelvan a discutir la despenalización del aborto, que está fuera de la agenda parlamentaria desde 2011, ya que la criminalización de la práctica, dijo, “ha demostrado ser ineficiente, porque no disuade a las mujeres de practicarse abortos y, al contrario, las pone en peligro”. En la Argentina, indicó, se realizan alrededor de 400 mil abortos al año, es decir, una mujer aborta cada dos niños que nacen. Al mismo tiempo, agregó, las estadísticas oficiales muestran que cada año muere un centenar de mujeres por abortos inseguros. En ese sentido, Belski recordó que en 2015 los Estados tienen que rendir cuentas del cumplimiento de los llamados Objetivos del Milenio, entre los que figura la reducción de la mortalidad materna. “Será el único indicador en el que Argentina no podrá mostrar avances”, subrayó la directora ejecutiva de A.I. “Mientras Brasil y Chile han logrado descensos significativos en los últimos veinte años, Argentina aumentó la razón de mortalidad materna”, apuntó Romero. Las últimas cifras oficiales señalan que hay 44 muertes de mujeres gestantes (vinculadas al embarazo, parto y puerperio) por cada 100 mil nacidos vivos. “De mantenerse las actuales tendencias vamos a llegar al 2015 con una razón de 42 por cada 100 mil, cuando el país se comprometió a reducirla a 13 cada 100 mil”, detalló la investigadora del Cedes.