Para elaborar los escenarios, el 20 de enero pasado, un centenar de personas se reunieron en Panamá durante cuatro días. Luego hubo otra reunión en la misma ciudad por tres días y se siguió trabajando vía mail. Las tareas fueron coordinadas por la consultora Reos Partner que impuso ciertas reglas de convivencia, esenciales para construir “narraciones de lo que podría ocurrir en el futuro”, como dice el informe. Para empezar, se pidió a los asistentes olvidar todo lo que saben, no hacer juicios de valor (y cada vez que lo hicieron se les sacó tarjeta amarilla), se prohibió el uso del celular, así como abandonar la sala de reuniones. Se exigió no polemizar ni dialogar, sino expresar opiniones en un tiempo determinado. Cuando un integrante se interesaba demasiado en un escenario era removido a otro.

El equipo de participantes incluyó al presidente colombiano Juan Manuel Santos y a los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ricardo Lagos. También asistieron Mirta Roses, titular de la Organización Panamericana de la Salud; Oscar Naranjo, ex director de la Policía Nacional de México; los especialistas europeos Peter Reuter y Martin Jelsma, además de funcionarios judiciales, militares, diplomáticos, empresarios, activistas e integrantes de comunidades ancestrales.

Por Argentina participaron Rafael Bielsa, entonces titular de la Sedronar, Secretaria de Prevención de las Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico; el investigador Juan Tokatlián, el juez federal Sergio Torres, Graciela Touzé, de la asociación civil Intercambios, y María de las Mercedes Aranguren, de la fundación Convivir. Ellos, al igual que el resto, firmaron contratos de confidencialidad siguiendo la regla de Chatham House: “Los participantes tienen el derecho de utilizar la información que reciben, pero no se puede revelar la identidad ni la afiliación de ningún otro participante”.

Hace dos semanas, en Guatemala, hubo una reunión de la OEA para analizar el tema. “La declaración acordada al final del encuentro llama a los países a iniciar un proceso de consulta a diferentes niveles en una serie de foros nacionales y regionales, teniendo en cuenta los estudios sobre políticas de drogas recientes y los resultados de esta Asamblea General y concluye confiando al Consejo Permanente a llamar a una Sesión Especial que se llevará a cabo no más allá de 2014”, apuntó Coletta Youngers, investigadora de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Para Youngers, hay tres posibles avances tras este debate: el énfasis en la salud y la despenalización de tenencia de drogas para uso personal; la coincidencias en reducir la violencia y “la creciente tolerancia que permite mayor flexibilidad a nivel local y nacional para experimentar con políticas apropiadas para países, Estados y ciudades concretas”. Las reformas, agregó, provendrán de estas últimas experimentaciones si logran florecer y generar “un paso necesario hacia el desarrollo y la implementación de políticas de drogas más humanas y efectivas”.

La recepción de los escenarios en la comitiva norteamericana fue pésima. El subsecretario responsable de la lucha antinarcóticos, William Brownfield, dijo que la parte “menos satisfactoria” del informe fueron justamente los escenarios. “Ninguna entidad internacional va a dictar la legalización, ciertamente no en los Estados Unidos”, declaró. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, le respondió, sin nombrarlo: “A nadie tiene por qué gustarle la parte de los escenarios; la OEA no se casa con ningún escenario”. Luego expresó: “Una cosa que yo no quisiera que pase es que no cambie nada, por lo tanto que los países empiecen a actuar por su cuenta”.