Durante la madrugada del 7 de diciembre de 2010 un grupo numeroso de personas intentó tomar un predio cercano a Los Piletones y, después de ver frustrado el intento, ingresó al Parque Indoamericano, ubicado enfrente de la Villa 20, en el que finalmente acamparon unas 300 familias. Durante la tarde y la noche de ese día, policías federales y metropolitanos avanzaron sobre los ocupantes y dispararon utilizando cartuchos con postas de plomo, matando a dos personas, Bernardo Salgueiro, de 22 años, y Rosemary Puña, de 28. Hubo otros dos heridos de gravedad y alrededor de 50 detenidos. La desmedida represión policial provocó la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de crear el Ministerio de Seguridad y la designación de su primera titular, Nilda Garré. El Gobierno de la Ciudad, que se había comprometido a generar proyectos de construcción de viviendas, no lo hizo. La toma de ayer está vinculada directamente con la falta de soluciones (ver aparte).

El 14 de febrero pasado, los fiscales Sandro Abraldes y Nuria de Ansó solicitaron a la jueza Mónica Berdión de Crudo el procesamiento de treinta policías de la Metro y once de la Federal por las muertes de Puña y Salgueiro. Más de tres años después, la única acción que persiste es la que investiga las dos muertes y heridas graves a seis personas.

La denuncia presentada por el fiscal Luis Cevasco para procesar a los líderes de la toma del Indoamericano terminó en el sobreseimiento de los últimos dos dirigentes, Diosnel Pérez Ojeda y Luciano Nardulli, por el delito de usurpación. Ambos se negaban a acordar una probation porque sostenían que “aceptarla equivaldría a negociar la sangre de los compañeros caídos”.

La toma del Indoamericano concluyó cuando los ocupantes firmaron actas con representantes del Gobierno de la Ciudad y nacional, en el que ambos se comprometían a la construcción de viviendas para solucionar el grave problema habitacional. A la fecha, no hubo movimientos en ese sentido.