En forma paralela a las causas en marcha, un grupo de 30 diputados porteños de la oposición acordó la creación, en el ámbito de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, de una “multisectorial” con participación de distintos actores sociales y delegados de vecinos, con el fin de buscar “una solución política, fuera de la órbita judicial” al conflicto abierto por la toma de tierras en Villa Lugano. Ayer, en la Legislatura, con la participación de representantes del Frente para la Victoria, Unen y los bloques de izquierda, los diputados recibieron una propuesta de los delegados de la toma que de ahora en más “trataremos de consensuar con la que el gobierno porteño llevó a la Justicia”, le dijo a Página/12 Alejandro Bodart, de Nueva Izquierda, presente en el encuentro. Por su parte, el legislador Gustavo Vera comentó que, si bien los vecinos están poniendo como condición “seguir permaneciendo en los terrenos”, estarían dispuestos a escuchar otras alternativas “siempre y cuando haya un compromiso real del gobierno, que esté garantizado por una mesa multisectorial para el saneamiento del predio, la construcción de viviendas y la urbanización de la Villa 20, demorada desde 2005”.

Tanto Bodart como Vera coincidieron en señalar a este diario que “por ahora el gobierno no hace una propuesta concreta y como el problema es de vieja data y sin solución, la gente desconfía y quiere garantías”. Del encuentro participó también María Rachid, del FpV, quien garantizó el apoyo de los integrantes del bloque y sus aliados, en la conformación de la “mesa multisectorial”. El tema será analizado, a nivel legislativo, en una reunión que se hará mañana, a las 15, en la sede de la Legislatura, donde quedará conformada la Comisión de Vivienda del cuerpo.

Al encuentro han sido invitados dirigentes de organismos de derechos humanos, entre ellos Adolfo Pérez Esquivel, miembros de la Pastoral Social y curas villeros, el flamante defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, y otros dirigentes sociales. Bodart y Vera informaron que al encuentro de ayer habían sido invitados los integrantes del bloque del PRO, pero ninguno de ellos se hizo presente.

En la reunión de ayer, dos delegados de los vecinos entregaron un documento aprobado en asamblea en el que piden que se cumpla la ley 1770, sancionada en 2005, para la urbanización del predio ocupado. La iniciativa propicia que las tareas se realicen, en una primera etapa, en el área que todavía ocupa la Policía Federal, en Cruz y Escalada, y se comprometen a abandonar el predio actualmente ocupado, una vez que se concrete la construcción de la primera tanda de viviendas.

La permanencia en los terrenos la solicitan “como garantía de cumplimiento de la política de urbanización”. Señalan que las familias adjudicatarias de las viviendas deben surgir “de un censo realizado a través de una Comisión de Trabajo constituida por legisladores, delegados de la ocupación y organizaciones sociales”. Gustavo Vera insistió en que los vecinos “necesitan garantías para la realización del plan de urbanización que por ahora no están dadas por parte del gobierno porteño, pero si se les brindan esas garantías, por medio de la comisión multisectorial que estamos gestando, ellos están dispuestos al diálogo sincero para encontrar una salida que evite la violencia de un desalojo” judicial con intervención de las fuerzas de seguridad.

Vera sostuvo que “el problema es que el gobierno porteño no abre ningún tipo de diálogo con los vecinos y busca una solución judicial sin tener el consenso de la gente que está reclamando su derecho a una vivienda digna”. El legislador agregó que “los vecinos no están cerrados y tienen conciencia de que están ocupando un lugar que está contaminado, pero lo hicieron porque están desesperados por la falta de soluciones al problema habitacional” en esa zona de la ciudad. El martes de la semana próxima, también en la Legislatura, se hará una reunión en la que se terminará de definir la conformación de la “comisión multisectorial”. La cita es a las 17, en el Salón Perón de la Legislatura porteña.