La Ley de Fertilización Asistida sancionada en 2013 garantiza el acceso gratuito a “procedimientos” médicos para que todos los ciudadanos puedan procrear, ya sea que integren parejas heterosexuales u homosexuales, o se trate de personas solas, y tengan o no algún trastorno de salud. La norma estableció que el sistema de salud público, las obras sociales y las prepagas cubran los procedimientos, sin límites de edad. El tema ha generado mucha discusión legislativa. Distintos proyectos se venían debatiendo y cajoneando en el Congreso desde hacía décadas. La primera propuesta legislativa sobre fertilización asistida fue presentada en 1985. Sin embargo, los procedimientos siguen sin estar regulados, destacó Bianchi. El proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial, elaborado por una comisión que reunió a un centenar de juristas convocados por el gobierno nacional, abordaba algunos aspectos como la relación filial de las personas nacidas a través de técnicas de reproducción asistida, incorporando el concepto de “voluntad procreacional” en el caso de la utilización de gametos donados, incluía la maternidad subrogada o “gestación por sustitución” y consideraba persona al embrión implantado en el vientre materno. Pero en el proyecto que el Ejecutivo envió finalmente al Senado se eliminó el alquiler de vientres y durante la discusión en la Cámara alta, y como concesión a la Iglesia Católica, se estableció el comienzo de la existencia humana a partir de la concepción, poniendo en riesgo la práctica de la fertilización asistida. Este último punto, contenido en el polémico artículo 21 del proyecto con media sanción, será uno de los ejes de debate cuando el texto empiece a discutirse en la Cámara de Diputados: legisladores del Frente para la Victoria se comprometieron a reformarlo.