La Justicia desbarató una red de trata que se dedicaba a reclutar mujeres en Mar del Plata, con una oferta “laboral” engañosa, para terminar explotándolas como esclavas sexuales en un burdel en Madrid. La investigación se abrió a partir de que seis de las víctimas –de entre 21 y 43 años, una de ellas tenía segundo año de la carrera de maestra jardinera– se escaparon del local nocturno, donde estaban privadas de su libertad y sometidas a violencia física y psíquica, y lograron realizar la denuncia a través de la intervención del consulado argentino. En el caso fueron procesados y están detenidos con prisión preventiva un hombre y dos mujeres. Dos de los imputados dirigían una concesionaria de autos en la ciudad balnearia. Intervino la Fiscalía Federal No 2 de Mar del Plata, que contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata para Explotación de Personas (Protex) a cargo de Marcelo Colombo. La pesquisa derivó en otra causa judicial por lavado de dinero y evasión tributaria. Es el primer caso de trata en el que se pide la extradición de un ciudadano español, sospechado de participar de la red, destacaron a este diario fuentes de la Protex.

Los imputados son Gisela Sama, señalada como la reclutadora, Luis Ituarte y su pareja, P. G. Los tres están acusados del delito de trata de personas mayores de edad con fines de explotación sexual, agravada por la cantidad de víctimas y pluralidad de sujetos activos. P. G. fue detenida el 14 de junio de 2013; Sama fue capturada el 11 de julio e Ituarte, que estuvo prófugo cinco meses, fue apresado el 14 de octubre. Las mujeres cumplen prisión domiciliaria, dado que tienen hijos menores a cargo. Ituarte está detenido en una unidad penitenciaria y la Justicia le negó la excarcelación.

A las víctimas les prometían cifras exorbitantes de dinero por “de-sempeñarse” como prostitutas en un bar nocturno de Madrid. Según contaron, les habían dicho que cobrarían 90 mil euros en tres meses. Pero ya en el burdel, nunca recibieron ni un centavo y, en cambio, les cobraban 50 euros por día por la vivienda y hasta 6 euros por las sábanas que usaban, costos que no les habían adelantado y que les generaba deudas. Además estaban privadas de su libertad y sufrían malos tratos. El local se llamaba Club El Mirador, y estaba ubicado en Paseo de la Ermita, Pedrezuela, en Madrid. Ituarte sería socio del bar nocturno junto con el ciudadano español, sobre quien pesa el pedido de extradición. Pero todavía el gobierno español no respondió al exhorto a pesar de que fuera reiterado en diciembre y en febrero por la Justicia argentina.

La menor de las víctimas tenía 21 años y estudios primarios completos. Dos de ellas estaban de- socupadas cuando fueron captadas. Una, de 24 años, tenía a cargo dos hijos, de 8 y 2 años, y hacía siete que había ingresado en el ámbito prostibulario. La mayor, de 43 años, dijo que había cursado hasta segundo año de la carrera de Derecho, tenía una hija de 6 que vivía con ella en Mar del Plata y otro de 20, a quien ayudaba económicamente. La banda les hizo su oferta engañosa en un departamento ubicado en la calle Entre Ríos Nº 1680 piso 1 departamento B, de la ciudad de balnearia. Primero las habría contactado Sama y luego Ituarte habría reafirmado la falsa propuesta. La banda se encargó de ayudarles a tramitar el pasaporte. La mayoría viajó a España en noviembre de 2012. La red le dio 1000 euros a cada una para pasar Migraciones y luego se los sacó. Unos doce días después de llegar, y descubrir el engaño, las seis mujeres lograron escapar y denunciar su situación de esclavitud: les habían retenido los documentos y no las dejaban salir del local, donde estaban vigiladas, no les pagaban y además sufrían violencia. Escaparon del burdel corriendo y le pidieron ayuda a un agente de la guardia civil, que se encontraba cerca del lugar. Fuentes de la Protex señalaron a Página/12 que, según el testimonio de las mujeres, el uniformado pretendió desalentarlas de denunciar y las trasladó hasta el consulado argentino en Madrid para que la representación diplomática se encargara de su repatriación.

La Protex canalizó las denuncias de las seis mujeres y, mediante la Dirección de Argentinos en el Exterior –que depende de Cancillería–, se pudieron realizar las entrevistas a las víctimas en la sede consular, con la asistencia psicológica de profesionales. A la vez, el organismo coordinó su retorno al país, a través del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, cuyas profesionales esperaron a las víctimas en la manga del avión que las trajo de regreso. Junto con la Fiscalía Federal de Mar del Plata, a cargo de Pablo Larriera, se dispuso el traslado desde el aeropuerto de Ezeiza hasta la ciudad de Mar del Plata, donde vivían. Una vez allí, las mujeres declararon y se ordenaron medidas de investigación tendientes a identificar a los autores y responsables de la red. Algunos de ellos se encontraban en territorio español, por lo cual se requirieron medidas de cooperación penal internacional para avanzar en el caso. Intervino el Juzgado Federal No 3 de Mar del Plata, a cargo del magistrado Santiago Inchausti.

En paralelo, la Protex abrió una investigación patrimonial y financiera sobre los imputados P. G. e Ituarte y pudo establecer que dirigían la agencia automotriz Lyasa SA, ubicada en Mar del Plata. En el marco de esa pesquisa, los investigadores detectaron un importante flujo de transacciones de vehículos, que no eran declaradas ante los organismos tributarios nacionales y provinciales, lo que derivó en una denuncia por lavado de dinero y evasión presentada por Colombo y Larriera en diciembre de 2013. Como consecuencia, el fiscal Larriera pidió la colaboración en la investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).