Por Atilio Alterini *.
“Un fallo correcto”

“Sin entrar en los pormenores de la causa, técnicamente el fallo es correcto. Santos fue condenado finalmente por la Justicia penal por exceso en la legítima defensa, por lo tanto se consideró que existió alguna agresión previa a su acción, quedándole entonces a la Cámara la decisión de distribuir la masa de la culpa, en este caso 80 por ciento para Aguirre y González, y 20 para Santos. El hecho de que, si existe algún grado de responsabilidad por parte de la víctima, se haga un recorte en el monto compensatorio está presente en el Código Civil (art. 1111) desde hace más de cien años y es muy común que se aplique, por ejemplo, con los accidentes de tránsito. Si alguien atropella a un peatón, pero éste cruzó corriendo y con la luz verde, se toma en cuenta esta responsabilidad y se le resta de la pena del conductor. En definitiva, el daño existe, pero en su producción hubo también gran parte de responsabilidad por parte de la víctima.”

* Decano de la Facultad de Derecho (UBA)


Maria del Carmen Verdu *.
“Interés de clase”

“La Cámara en los últimos años ha tomado esta tendencia de bajar los montos compensatorios culpabilizando a la víctima por su muerte. En el caso de los accidentes de trenes, por ejemplo, esto es algo muy común, donde se le atribuye un enorme porcentaje de culpa a la víctima, anulando incluso en algunos casos la compensación. Pero también es frecuente en los casos de gatillo fácil y en los de justicia por mano propia. Tomando puntualmente este fallo, podemos definir algunos cuestiones. Por un lado, notamos que es uno más en donde queda clarísimo que el valor de la vida se evalúa en forma mercantilista, analizando no el proyecto de vida que quedó trunco, sino su posible producción material. Por el otro, marca que existe una justicia para ricos y una para pobres, donde estos últimos siempre salen perdiendo. Cuando hay desigualdad social entre las partes, la justicia siempre, invariablemente, tiende a reproducir su interés de clase.”

* Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional