“¿Por qué, en Argentina, un 30 por ciento de los diagnósticos de sida se hace tardíamente, cuando la infección ya está avanzada? ¿Por qué, si este país tiene buena infraestructura en salud pública y está a la vanguardia en derechos humanos?” La pregunta, que formuló Alberto Stella, director de Onusida para el Cono Sur, tiene una respuesta operativa: la promoción del testeo para toda la población, en la que falta un aspecto crucial: “Que los médicos generalistas ofrezcan el testeo a toda persona que consulte por cualquier motivo”. Al referirse a las poblaciones más vulnerables, el funcionario destacó que “la acción de la Red de Trabajadoras Sexuales, que en la Argentina integra Ammar, logró contener muchísimo el VIH en esa población”.

“El año pasado en el mundo se infectaron 2.100.000 personas con VIH y 1.500.000 fallecieron por causas relacionadas con el sida –destacó el director de Onusida para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay–. 35 millones de personas viven con VIH. Pero se ha demostrado que los tratamientos, si se inician temprano, no sólo prolongan y mejoran la vida, sino que tienen enorme impacto en la prevención, ya que minimizan la capacidad del virus para transmitirse. Entonces, el criterio es acercar el testeo voluntario a toda la población y, si fuese positivo, iniciar lo antes posible la terapia antirretroviral. La ‘Meta 90-90-90’ plantea que, para 2020, el 90 por ciento de los casos estén diagnosticados; que el 90 por ciento de los diagnosticados inicien tratamiento y que el 90 por ciento de los tratamientos lleguen a tener el virus indetectable en sangre. Se ha establecido que eso reduciría las infecciones a la cuarta parte: de más de dos millones a quinientos mil, permitiendo así el control de la epidemia. Es la meta que los países de América latina acordaron este año.”

“En el Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay) hay unas 170.000 personas con VIH. La mayoría, unas 110.000, están en la Argentina. Y un 30 por ciento de los diagnósticos llega tardíamente, cuando la infección ya está avanzada. Aunque en otros países la proporción es peor, cabe preguntarse por qué sucede en una nación que tiene buena infraestructura en salud pública, con oferta de tratamiento universal y gratuito y con una plataforma en derechos humanos vanguardista, que incluye el matrimonio igualitario y la identidad de género. La acertada estrategia que implementan las autoridades en salud de la Nación, la Ciudad Autónoma y las provincias es incrementar la oferta de testeo manteniendo una plataforma de derechos humanos que permite acercarse sin estigma ni discriminación. Pero todavía falta que el sistema de salud, a partir de los médicos generalistas, ofrezca el testeo a toda persona sexualmente activa que consulte por cualquier motivo”, afirmó Stella.

En cuanto a los grupos más vulnerables, “en toda América latina la prevalencia del VIH entre trabajadoras sexuales se ha contenido muchísimo, manteniendo cifras relativamente bajas y estables, gracias a la acción de la Red de Trabajadoras Sexuales (RedTraSex), que en la Argentina está integrada por Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices). Estas entidades vienen trabajando fuertemente en prevención, a la vez que empoderan y disminuyen la vulnerabilidad individual y social de las trabajadoras del sexo. Sin embargo –advirtió el director de Onusida–, el simple hecho de que el trabajo sexual autónomo no sea reconocido y reglamentado las coloca en una situación de vulnerabilidad social que tiene efectos negativos en el acceso a los servicios de salud, el testeo y el inicio temprano de la terapia antirretroviral”.

En contrapartida, “en el mundo sigue siendo importante la prevalencia de VIH entre hombres que tienen sexo con hombres. En este orden la Argentina ha sido pionera en derechos humanos, pero evidentemente queda mucho por hacer”.