“En el país no se han hecho encuestas para conocer la dimensión real de la problemática de la violencia física, sexual o psicológica contra las mujeres, un dato fundamental para poder diseñar políticas adecuadas”, cuestionó la abogada Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, en diálogo con Página/12, durante el que hizo un balance del cumplimiento de la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las mujeres, a cinco años de su aprobación. ELA publicó un análisis de los avances y aspectos pendientes en relación con la aplicación de la norma, aprobada en 2009. El documento, “Claroscuros en las políticas contra la violencia de género”, es un insumo fundamental para evaluar el cumplimiento de la ley. Gherardi repasó con este diario los principales hallazgos del relevamiento, realizado en base a la información que el propio gobierno nacional brindó a organismos internacionales y otros datos disponibles.

–¿En qué aspectos se avanzó en la aplicación de la Ley 26.485?

–El avance más significativo impulsado desde las políticas del Poder Ejecutivo fue la creación de una línea de atención telefónica unificada que funciona en todo el país, con una guía de recursos jurídicos, sociales, de salud, para todas las provincias. También se pueden destacar las campañas que se hicieron en particular en los primeros años luego de la sanción de la ley, cuando se produjeron spots y materiales de difusión muy interesantes que apelaban a diversos públicos mostrando las distintas formas y manifestaciones de la violencia. Desde el Poder Judicial también se produjeron avances importantes, con diferencias según las jurisdicciones. Destacamos el trabajo que impulsa la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la Oficina de la Mujer y la de Violencia Doméstica. Se trata nada menos que de la cabeza de un poder del Estado nacional que se propone articular con las estructuras locales, como en la Ciudad de Buenos Aires y algunas provincias que también impulsaron espacios similares.

–¿Cuáles son los puntos más preocupantes que están pendientes?

–Lo primero que debemos notar es la ausencia de un Plan Nacional contra la Violencia, cuyo monitoreo y evaluación pueda hacerse a través de la verificación de información pública. La aprobación, publicación, difusión y puesta en marcha de un Plan Nacional no sólo es un mandato de la Ley 26.485 sino que además es una herramienta indispensable de trabajo que permitiría ordenar las diversas iniciativas que se están llevando adelante en las jurisdicciones del territorio del país. En diversas oportunidades, Argentina ha indicado en ámbitos internacionales que el Plan fue elaborado y validado durante 2011 y 2012, con la participación y aporte de más de 38.000 mujeres en talleres organizados por el Consejo Nacional de las Mujeres, pero el Plan no ha sido difundido públicamente, no se puede leer en ningún documento público. Por lo tanto, se desconocen su alcance, propuestas de implementación, monitoreo y evaluación. En segundo lugar, es muy preocupante la falta de sistematización de la información sobre las iniciativas que efectivamente existen. Esto no nos permite conocer la real dimensión y alcance de los programas que se implementan. Los pocos datos disponibles nos parecen señalar que el patrocinio jurídico gratuito sigue siendo una promesa incumplida de la ley en casi todas las jurisdicciones, con la excepción de la ciudad de Buenos Aires donde, aun con sus deficiencias, hay mayor disponibilidad de servicios. Más aún, no podemos saber si los servicios que se brindan –desde el Poder Judicial, los patrocinios, los refugios, la atención de la salud, la ayuda económica– alcanzan a qué porcentaje de las mujeres víctimas de violencia, porque no sabemos cuál es el índice de la violencia en Argentina. Esto nos lleva al tercer punto preocupante: en el país no se han hecho encuestas para conocer la dimensión real de la problemática de la violencia física, sexual o psicológica contra las mujeres, un dato fundamental para poder diseñar políticas adecuadas. Para avanzar en estos puntos pendientes es preciso mejorar la disponibilidad de recursos no sólo financieros, sino también humanos y técnicos adecuados para abordar este problema con todo el profesionalismo que requiere.