Claudia Cesaroni, ex directora adjunta de la Asociación para la Prevención de la Tortura, criminóloga y especialista en casos de menores en prisión, sostuvo ante la consulta de Página/12 que en la acusación contra Axel López había pasado “lo que debía suceder, porque no había fundamentos para la remoción de un juez que sólo había hecho lo que marca la ley”. Por su parte, Vivian Perrone, de la Asociación Madres del Dolor, criticó con dureza la absolución de López por entender que “en lugar de lo que hizo”, dejar en libertad a Juan Ernesto Cabeza, “tendría que haber analizado el informe del psiquiatra y la postura de la fiscalía, pero no, la excusa de Axel López es que no tenía tiempo de leer tantos expedientes y que no tiene los medios necesarios; entonces que se quede en su casa y haga un curso de corte y confección”.

Cesaroni, en cambio, sostuvo que “es imposible que un juez pueda adivinar las acciones que puedan tener las personas, sobre todo teniendo en cuenta que Cabeza tenía salidas laborales desde hacía cuatro años y en ese tiempo no había vuelto a cometer ningún delito. Ese tiempo que había transcurrido era bastante largo, porque no había tenido ningún problema y ése era un antecedente demasiado fuerte para que el juez no lo tuviera en cuenta”.

“Cuando se tienen salidas transitorias y se regresa a la cárcel sin ningún problema y sin que se haya reportado ningún delito, es algo que el juez no puede soslayar. Y repito, es imposible adivinar, inferir, que un detenido que sale en libertad vuelva a cometer un delito”, insistió Cesaroni. “Es absurdo sostener que una persona nunca puede salir de la cárcel, porque eso sería pensar que tiene que existir la pena de muerte o una ley que diga que una vez que entra en la cárcel, no puede salir nunca más. Y no se le puede pedir a un juez de Ejecución Penal que sea adivino sobre cómo será la actitud futura de un preso que reúne todas las condiciones para salir en libertad”.

También recordó que en el año 1992, cuando se crearon los juzgados de Ejecución Penal, se había establecido “la creación de gabinetes interdisciplinarios, con profesionales de distintas ramas del conocimiento, para trabajar en forma conjunta y permanente con los jueces. No es lo mismo que intervengan los profesionales del Servicio Penitenciario o del Cuerpo Médico Forense, porque no es igual a la actuación consecuente de un grupo que viene trabajando con los detenidos en condiciones de salir en libertad, analizando cada situación”. Cesaroni cuestionó que ese aspecto importante de la ley nunca se haya cumplido “por problemas presupuestarios que hacen que un juez tenga que decidir sobre miles de presos que están diseminados por todo el país. Ese es un problema que no es responsabilidad ni puede ser solucionado por el juez. Pero también hay que pensar que puede suceder que haya un equipo interdisciplinario, que se trabaje muy bien y que se disponga una libertad, pero luego el liberado vuelva a cometer un delito. No se le puede pedir al juez que sea un adivino”.

Vivian Perrone, de la Asociación Madres del Dolor, fue muy dura al criticar la decisión del jurado de enjuiciamiento: “Ante lo ocurrido, yo les diría a los jueces, sumen dos más dos son cuatro y decidan la libertad de un preso, en vez de hacer una lectura a fondo de la causa para decidir sobre la situación de un hombre que fue condenado por cuatro violaciones”, en referencia a Juan Ernesto Cabeza, que había recibido una pena a 24 años de prisión y que desde hace cuatro tenía salidas transitorias para ir a trabajar. Perrone sostuvo que el juez cuestionado por la entidad “tendría que haber analizado el informe del psiquiatra y la postura de la fiscalía, pero no, la excusa de Axel López es que no tenía tiempo de leer tantos expedientes y que no tiene los medios necesarios; entonces que se quede en su casa y haga un curso de corte y confección”.