El ser humano ha cometido atrocidades a lo largo de toda la historia. La inmensa mayoría de ellas han sido llevadas a cabo por varones. Tal vez esa sea una de las razones más importantes por las que a lo largo de casi toda esa historia de abusos, las leyes hayan sido redactadas, valoradas y aplicadas por varones. En las últimas décadas del siglo pasado, se ha modificado esa proporción –la de la elaboración de las leyes, no la comisión de atrocidades–, y las mujeres han irrumpido en la Legislatura y en los dos restantes poderes del Estado. Así, diputadas y senadoras han elaborado proyectos de distinto tenor, incluidos aquellos que tienden a llevar a la práctica aquella magnífica normativa de las Convenciones Sobre Derechos Humanos incorporadas a nuestra Constitución Nacional con la máxima jerarquía en el año 1994, a través del artículo 75 inciso 22. Desde lo más alto de nuestra organización social, se han reconocido como nunca antes en la historia, los derechos esenciales e inalienables de todos los seres humanos que viven en nuestro país y muy especialmente los de aquellos que históricamente han sido víctimas sistemáticas de las atrocidades que con total naturalidad, quedaban impunes. Las mujeres adultas, las niñas y niños, las personas mayores y también el resto de la comunidad, tienen hoy garantizados esos derechos esenciales por las leyes más altas de la nación. Sin embargo, la vida cotidiana nos sacude cada día con nuevas violaciones a derechos esenciales comenzando por las víctimas de abusos sexuales y femicidios. Y ante cada noticia estremecedora, ante cada imagen de un drama irreversible, volvemos a preguntarnos dónde está la falla. Y entonces, cada uno desde su perspectiva personal, sus experiencias, sus sistemas de creencias y por supuesto, su propio dolor, intenta alguna explicación. De ese modo, los más reaccionarios hablan de “crimen pasional” y otros eufemismos con los que siempre se termina disminuyendo la dimensión de la atrocidad. Otros, culpan a las deficiencias de las leyes y reclaman “mano dura” a los femicidas y de paso a cualquiera que cometa delitos. Es obvio que un femicidio debe ser severamente castigado –es imprescindible–, pero para eso tienen que atravesarse otras etapas previas. La primera, consumado el crimen, es investigar adecuadamente, con la visión de género que estos casos requieren y que si bien es obligatoria desde la Constitución Nacional, no se refleja en el hacer cotidiano de muchos policías, fiscales y jueces. La teoría no bajó a muchas comisarías ni a fiscalías y juzgados. Baste intercambiar un poco de información con las ONG especializadas y obviamente con las víctimas cotidianas de violencia de género para confirmar lo dicho. ¿Y entonces? Esa distancia entre la teoría legal y el cadáver de una víctima es la clave de tanta tristeza y dolor. Por más que duela u ofenda a algunos, si la legislación fue aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo y no se cumple, sólo queda un Poder del Estado que no se ha hecho cargo de los avances aludidos, al menos una parte de él. Cuando hay jueces de la Nación que consideran que la integridad sexual de niñas pobres vale la mitad que la de las que pertenecen a un sector social acomodado, y siguen dictando sentencias, estamos en problemas. Cuando esos mismos jueces, años después, sentencian que un niño de seis años presenta “tendencias homosexuales” y, además, al haber sido violado con anterioridad, abusar de él es menos grave, estamos ante una atrocidad. Igual de aberrante que esos delitos es que hayan pasado varios años entre una sentencia y la otra. Se trata sólo de un ejemplo, brutal por cierto, de impunidad para quien se beneficia por el doble estandar de esos magistrados al ver reducida sensiblemente su sanción, y también de impunidad para quienes desde los estrados judiciales, ponen en acto –una sentencia– su ideología claramente opuesta al paradigma actual en materia de derechos humanos de nuestra Constitución Nacional. No es posible saber con exactitud si esta clase de funcionarios son excepción o regla en la Justicia. Muy probablemente no sean ni una cosa ni la otra. Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, dijo una vez que “ante la atrocidad hay que tomar partido...”. Sabemos que a diferencia de esos sectores más reaccionarios y misóginos presentes en nuestro Poder Judicial hay numerosas juezas, jueces, fiscales y policías que honran sus cargos y sobre todo su compromiso con hacer cumplir en la práctica esa protección que el Estado argentino plasmó en las Convenciones que ratificó. Y es con esas funcionarias y funcionarios, que se irá conformando una nueva Justicia, democrática y sensible que tome partido ante la atrocidad de cualquier abuso a sectores vulnerables y al resto de la comunidad. Si bien es imposible ayudar a una mujer que ya fue asesinada, sí se puede prevenir más violencia empoderando sobrevivientes, tanto adultas como niñas y niños vulnerados. Para ello, cada día, policías de las Comisarías de la Mujer, fiscales de las unidades respectivas y juezas y jueces de todos los fueros, en especial del penal y de familia, deben aumentar su compromiso. La sociedad se ha pronunciado como nunca antes ante este tema en el caso de los tristemente célebres jueces de los casos citados. Hoy se sentirá ese pronunciamiento en la Plaza del Congreso repudiando los femicidios ya producidos. No existe forma de prevención más fenomenal que el grito de una sociedad que repudia a los violentos y a quienes los toleran, aunque digan hacerlo “en el nombre de la ley”.

* Juez federal.