Lauren-Brooke Eisen es abogada, consejera senior del Programa de Justicia de la Escuela de Leyes de la New York University y participó en la investigación del Brennan Center for Justice. Estuvo en Buenos Aires presentando el informe, invitada por Diálogo Abierto, del Centro de Extensión de la Universidad de Congreso. Durante una entrevista con , sostuvo los lineamientos de la investigación realizada sobre los 50 estados, en las 50 ciudades más populosas.

–¿Qué promovió la investigación, el objetivo del informe?

–La mayor parte del informe se refiere al impacto del encarcelamiento en el delito. La conclusión más importante es que el incremento del encarcelamiento tiene muy poco impacto en la reducción del delito. El 5 por ciento en total, sobre el 23 por ciento de reducción del delito. Ese 5 por ciento en los 23 años que investigamos (1990-2013) se explica de un 0 a un 12 por ciento en los años ‘90 y prácticamente 0 por ciento en los años 2000. Todo ese efecto del 5 por ciento está en la primera década y prácticamente cero en la segunda. El aumento de encarcelamiento tuvo un efecto mayor en los ‘90 y no lo tuvo en el 2000 porque se empezó a encarcelar mucha más personas que antes y tuvo mucho menos efecto.

–Si no fue el encarcelamiento, ¿qué fue lo que hizo impacto en la caída del delito?

–Sorprendentemente para nosotros en el centro Brennan, es significativo el impacto que tiene la gestión policial. Estudiamos el impacto que tiene el número de policías contratados, y una técnica específica para la gestión policial que se llama CompStat, una técnica de eficiencia policial, rendición de cuentas, consultas a la sociedad, velocidad de acción, cruce de datos.

–¿Cómo es la propuesta alternativa a la cárcel con un delito menor?

–El informe no dice que si se comete delito no debe haber sanción. El informe sostiene ideas que tengan que ver con alternativas al encarcelamiento. Tribunales relativos a casos específicos de drogas, o tribunales relativos a desórdenes mentales.

–Pero en el caso de drogas, por ejemplo, cuál sería el tratamiento?

–En el caso de drogas, recibiría un tratamiento específico. Si fuese de problemas mentales, un tratamiento de cuestiones de salud mental. Otros programas que implican supervisión, o estar en probation, o en algún tipo de libertad condicional. Todas variantes alternativas al encarcelamiento. En estos programas se recibe tratamiento para atacar el origen de por qué uno está cometiendo un delito. Hay muchos programas de esta naturaleza, definidos por la necesidad. Algunas jurisdicciones están invirtiendo en probation, otros en esquemas de libertad condicionada, otros en capacitación, supervisión. Hay un sector de acompañamiento de cierta tutoría, por la que se define cuales son los riesgos y las necesidades y a partir de ahí se definen planes específicos para una persona.

–Como se propone la reinserción de una persona en la sociedad, después del delito, con una medida alternativa que la sociedad acepte?

–En California, por ejemplo, hubo un referéndum que se llama Proposición 47, que dice que si uno comete un delito contra la propiedad por debajo de los 950 dólares, le pueden dar probation en lugar de cárcel. Un oficial hace la supervisión dentro de la comunidad. Hay muchos más reglamentos y normativas, pero supone recibir probation como primera posibilidad.

–Aplicar la probation al millón de personas que usted menciona que no debería estar presas implica inversión de dinero.

–El problema que tienen los jueces ahora es que no quieren mandar a alguien a prisión, pero no tienen el programa de probation para insertarla.

–¿Por qué no tienen el programa?

–Depende de las jurisdicciones, en las más grandes tienen más recursos y más posibilidades. En el área rural no tienen tantos recursos. En los Estados Unidos, hay 50 estados, cada estado tiene una multiplicidad de condados y cada condado... Entre dos estados contiguos como Luisiana y Kentucky hay situaciones muy diferentes, hay recursos en uno y no los hay en otro.

–¿Este informe se difundió entre políticos?

–Quedamos sorprendidos por la recepción.

–¿Quienes se oponen?

–Los fiscales, que utilizan la amenaza de la condena para lograr negociar la pena con el acusado, y están disconformes con la reducción de las penas porque les quitan poder. Los lobbistas policiales, de las cárceles.