En otros países latinoamericanos, como El Salvador, las mujeres que enfrentan un aborto pueden ser condenadas hasta 40 años de cárcel, situación que viene siendo denunciada como una grave violación de los derechos humanos. La severidad de la legislación salvadoreña trascendió en 2013 con el caso de Beatriz, una joven de 22 años que padecía de lupus y a la que se le impidió abortar un feto anencefálico (que no había desarrollado el cerebro). El 3 de junio de 2013, tras la intervención de la Corte IDH, el Estado de El Salvador autorizó que a Beatriz se le practicara una cesárea temprana y el recién nacido murió horas después. Pero en El Salvador, 21 mujeres están encarceladas por abortos, en su mayoría ocurridos por emergencias médicas. Muchas de ellas están recluidas en el penal de Ilopango, este de San Salvador, que tiene una capacidad instalada para 550 internas pero alberga a 2,020. En Argentina, el aborto está penalizado hasta 4 años, cuando la mujer se lo provoca. En el caso de Belén, sufrió un aborto espontáneo. Nunca se probó que se lo hubiera provocado.