Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), al que tuvo acceso Página/12, realiza un balance crítico del presupuesto destinado, para el año en curso, en materia de infraestructura y mantenimiento escolar. Se señala que cuando se analizó el tema en la Legislatura, desde la oposición se denunció la falta de un presupuesto acorde con las necesidades. La votación para aprobar el proyecto oficial fue ajustada y el PRO necesitó el apoyo de tres ediles del radicalismo para llegar a los 32 votos necesarios, contra 21 en contra y siete abstenciones. El paquete de leyes económicas aprobado estima que los gastos de este año ascenderán a 112.425 millones de pesos, mientras que se prevé que el Estado porteño recaudará unos 103.406,4 millones.

El legislador kirchnerista Gabriel Fuks aseguró en el debate que la aprobación del presupuesto en la Comisión fue “apresurada y desprolija”, a la vez que cuestionó que se destinaran menos recursos para infraestructura escolar, mientras se enviaban más fondos para subvencionar la educación privada.

En términos nominales, la evolución del presupuesto mantiene tasas superiores al 20 por ciento, lo que en un contexto inflacionario como el actual “no implica un crecimiento en términos reales de los recursos” destinados a un ministerio como el de Educación, con un componente fuerte de egresos por sueldos a docentes y no docentes de la escuela pública, y por la transferencia de subsidios a la educación privada.

Esto lleva a concluir que desde que Mauricio Macri llegó al gobierno porteño, “la participación del Ministerio de Educación en el total del presupuesto, sufrió una caída de 7 puntos”. En 2007 el total de recursos destinados a Educación por la administración central representaba el 28 por ciento, mientras que en 2014 se retrajo al 24 por ciento, y en el tercer trimestre de 2015 al 22, precisa el informe de la AGCBA.

La situación se agravó, respecto de la infraestructura educativa, porque el gobierno porteño “no utilizó el 35 por ciento del presupuesto” para la realización de obras entre 2008 y 2013. En ese marco, el 72 por ciento por ciento de los establecimientos calificó como “malo” o “muy malo” el servicio tercerizado de mantenimiento que se utiliza desde 2010 en 13 de las 15 comunas, de acuerdo con un informe del cuerpo de delegados comunales de las cooperadoras escolares.

Cuando los problemas no son resueltos “en tiempo y forma” por alguna de las más de 12 empresas tercerizadas del servicio de mantenimiento, cuyos contratos deben renovarse este año, en el 52 por ciento de los casos las que tienen que ocuparse de los trabajos son las Asociaciones Cooperadoras. En el informe de la AGCBA se subraya que “en esos casos, se está pagando dos veces lo mismo cuando la escuela compra el material (a través de la cooperadora) y cuando la empresa cobra por el servicio” que no cumplió. La cita textual es de Ricardo Fuentes, miembro de la cooperadora de la Escuela 21 Hipólito Vieytes y delegado de Cooperadoras Escolares de la Comuna Uno.

“Como la escuela no certifica la realización del trabajo de las tercerizadas, si lo hacen o no, o si lo hacen mal o con materiales que puso la cooperadora, lo cobran como si lo hubieran hecho bien y puesto ellos todo”, precisó Fuentes.

Las cooperadoras, además, han denunciado que se les niega el acceso a los contratos de licitación y reclaman participación para establecer las prioridades. En el marco de la Ley de Emergencia de la Infraestructura de las escuelas públicas, entre 2008 y 2013 “se aprobaron más de 2.338 millones de pesos para las escuelas”, pero ese gasto no se tradujo en mejoras, porque “las obras se demoran y no se ha utilizado más del 65 por ciento de los fondos comprometidos”.

En 2014 se dio una situación “sin precedentes” porque la Legislatura sumó 900 mil pesos al presupuesto anual, llevándolo a cerca de 232 millones, con la finalidad de realizar construcciones en la Escuela 24 “Padre Castañeda”. Sin embargo, el 3 de enero de ese año, apelando a facultades para mover partidas, el entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri, “recortó el presupuesto de infraestructura escolar en más de 15 millones, bajando el presupuesto a 216 millones para el 2014.

Los problemas descriptos llevaron a que la subejecución en infraestructura escolar, entre 2008 y 2012, llegara “a los 661 millones de pesos, el triple del presupuesto que en 2014” destinó el macrismo a ese mismo rubro. El informe de la AGCBA recalca, en este punto, que es “difícil solucionar los problemas bajando el presupuesto” y que se está dejando “a miles de chicos sin escuela”. Agrega que se proponen “soluciones indignas como aulas en contenedores o paredes de durlock en los pasillos de las escuelas”. Por si fuera poco, “reducen el presupuesto que ellos mismos elevaron a la Legislatura” para su aprobación.

Luego de referirse al camino lleno de denuncias judiciales que llevó a Esteban Bullrich del Ministerio de Educación de la Ciudad al de la Nación (ver nota aparte), el informe de la AGCBA insiste en la necesidad de una buena infraestructura educativa porque significa “hablar de la calidad que la damos a nuestra educación”. Las falencias se señalan recordando “algunos episodios de falta de gas, derrumbes y reclamos estudiantiles” para corroborar en los hechos que la reducción del presupuesto “muestra un desinterés profundo en la calidad social de la ecuación”.

Se menciona que hasta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se ha manifestado en el mismo sentido, al señalar que las mejoras en la infraestructura podrían ser factores positivos para “superar el nivel de aprendizaje de los estudiantes latinoamericanos”.