Los fallos relevados por el informe “registran 46 víctimas, 43 fallecidas y tres que sobrevivieron al ataque en el mismo hecho en el que murió una mujer”. De esas víctimas, 40 “eran de género femenino, dos de las cuales eran mujeres trans”. Las otras seis víctimas eran varones: cuatro de ellos menores de edad “que fueron asesinados o (a quienes) intentaron matarlos en el mismo suceso en que se dio muerte a su madre u otra familiar directa”; dos eran varones adultos, “uno víctima de un hecho calificado como femicidio vinculado (...); el otro, víctima del único crimen de odio por orientación sexual que se refleja en las sentencias (un varón gay)”.

De las víctimas se sabe poco, porque “un aspecto llamativo de los fallos analizados es que prácticamente no incluyen otros datos sociodemográficos sobre las víctimas” más que sus edades. En los casos sentenciados, la mayoría tenía entre 20 y 39 años (once casos), seguidas de aquellas de entre 0 y 19 (10 casos), y de entre 40 y 49 (cinco casos). En 20 sentencias no hay ni siquiera esos datos.

En 36 de los casos estudiados la condena fue de prisión perpetua. En los otros dos casos, ambos agravados por el vínculo, “se aplicaron circunstancias excepcionales de atenuación”. En uno de ellos, debido al “clima de desqu icio y ruptura de afectos en que vivía la pareja”, que se tradujo en “habituales disputas” en las que “la ingesta etílica potenciaba los impulsos de la pareja”. En el otro, porque “el homicidio cometido ocurrió en un contexto signado por impulso pasional, que determinó una razonable o comprensible disminución del respeto hacia la calidad de la víctima, con quien el imputado habia mantenido una relación de pareja”; víctima y victimario “se amaban de una manera disfuncional”.