Es una noticia, a pesar de que ya pasaron tres años. La provincia de Buenos Aires tiene una ley de Seguridad Privada, pero que jamás fue reglamentada. El ministro Luis Genoud reconoce incluso que existieron fuertes “presiones” sobre los legisladores que la trataron.
–¿Por qué las presiones? ¿Qué se jugaba?
–Les pusimos cupo, una cantidad máxima de vigiladores por empresa. También exigimos una información hiperdetallada del personal, de la custodia, de las armas; la prohibición expresa de ser vigilador para todo aquel que hubiera sido enjuiciado por violaciones a los derechos humanos y la obligación de que los miembros del directorio de la empresa sean argentinos. La Legislatura contra viento y marea impulsó esa ley y lleva tres años sin ser usada.
–O sea que ahora esto está en manos del Gobierno.
–La vamos a reglamentar, aunque no es una cuestión de dos días. Hace un mes que se hizo cargo el funcionario que reemplazó a un coronel que estaba en la Dirección de Agencias de Seguridad, pero tiene una estructura manifiestamente pequeña para el control de algo tan grande. No hay posibilidad material de controlar. El poder de policía del Estado no acompañó el crecimiento del negocio de la seguridad privada y entonces puede que se hayan filtrado cosas como las que están ahora denunciadas.