La seccional 5ª de Billinghurst estuvo a cargo de la investigación las dos primeras semanas, pero esos mismos efectivos hacían adicionales, durante la noche, en el Ceamse. Eran investigadores e investigados y por eso fueron relevados. Algunos vecinos que habían ido a metalear el 14 de marzo contaron que esa noche trabajaron tranquilos porque ni la policía ni la seguridad privada los persiguió: afirmaron que todos los patrulleros estuvieron concentrados durante horas en el mismo lugar donde hoy buscan a Diego.
“Si no está acá, yo estoy seguro que lo sacaron los propios policías y tiraron el cuerpo en cualquier lado. Los de la seguridad privada llegaron a decirnos que si el cuerpo aparecía les iba a ser ‘un quilombo’ y que la culpa era nuestra, porque nos metimos en su territorio”, cuenta Alicia. Son los mismos que se ensañan con las más de cien personas que entran cada noche a buscar comida o metales. Los corren, les disparan a los pies y regalan golpizas a los hombres y manoseos a las mujeres. Casi nunca reciben denuncias porque muchos tienen miedo, otros creen que perdieron los derechos por haber entrado sin permiso y algunos son persuadidos con retórica policial: “Les dicen que si no declaran nada los dejan metalear tranquilos”, se resigna Alicia.
Uniformados privados y los buscadores de metales y alimentos viven en los mismos barrios –Costa Esperanza, Elena Cárcova, Villa Hidalgo, Libertad y 9 de Julio, entre otros–, sus hijos van a las mismas escuelas y sólo los diferencia los 400 pesos de sueldo que los uniformados obtienen por las doce horas de trabajo diario.