Por P. L.

En Gran Bretaña, la realización privada de análisis de paternidad por ADN –incluidos los kits a domicilio– está sujeta a una reglamentación que exige, entre otras cosas, el consentimiento escrito de la madre y requiere el consejo previo sobre las implicaciones que podría tener esa averiguación. Especialistas en bioética, consultados sobre cómo debiera plantearse la cuestión en la Argentina, contestaron: “Es necesario que haya una regulación sobre estas prácticas”; “es imprescindible el asentimiento de ambos padres”; “la realización inadecuada de estos análisis es peligrosa”.
El debate se desató en Gran Bretaña en 1998, cuando empezaron a difundirse en ese país los análisis cuyas muestras, gracias a los kits, pueden obtenerse sin intervención profesional. En ese momento, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de los Comunes, David Hinchliffe, pidió la prohibición de estos tests, porque “entran en un área muy peligrosa” y “los chicos son los que más podrían sufrir”. La respuesta que encontraron los británicos no fue prohibirlos, sino sujetarlos al Código de Prácticas en Servicios de Tests de Paternidad, que el gobierno de ese país puso en vigencia en abril de 2001.
El código admite que los nuevos métodos para obtener muestras, como los hisopados bucales, “que pueden ser menos invasivos”, pero “sin embargo, ofrecen la posibilidad de que el test de paternidad se efectúe sin ninguna intervención profesional”, mediante el uso de “kits que permiten recibir la muestra por correo”.
La normativa establece que “la madre o un tercero con responsabilidad parental debe dar consentimiento escrito para la prueba antes de que se efectúe un test sin su participación”; advierte que “los mejores intereses del niño deben ser tomados en cuenta cuando se encarguen tests genéticos de paternidad”; determina que “quienes accedan a efectuar el testeo deben tener una oportunidad para considerar las posibles implicaciones planteadas por el conocimiento de sus resultados”, y atribuye al Estado “la responsabilidad de establecer el marco para proteger el bienestar de todas las personas implicadas en tests genéticos de paternidad, especialmente los chicos”.
Diego Faccone, codirector del Laboratorio de Genética Aplicada de la Universidad Nacional de Quilmes –donde se efectúan estos análisis– estimó que “el caso más polémico es cuando el hombre se compra el kit para tomarle la muestra al hijo sin que la mujer lo sepa. Nosotros procuramos no alentar eso; nuestro trabajo se limita a analizar muestras biológicas”. A la pregunta de si un comité de ética de la Universidad Nacional de Quilmes examinó la cuestión, Faccone contestó negativamente.
Florencia Luna –investigadora sobre bioética en la UBA, el Conicet y Flacso– estimó que “es necesario que haya algún tipo de regulación sobre estas prácticas. La posibilidad de que una persona obtenga muestras sin intervención profesional genera una especial dificultad, donde lo primero que surge es tener en cuenta el bienestar y mejor interés de los chicos involucrados”. Luna propuso “examinar los resultados que va arrojando la aplicación del código británico” y destacó “la importancia de que quienes piensen en hacerse este tipo de análisis reciban consejería genética: en distintos países crece la actuación de profesionales especializados en los problemas humanos y éticos que plantea este tipo de pruebas”.
Carlos Gherardi, director del comité de ética del Hospital de Clínicas, destacó que “para un test de este tipo es imprescindible el asentimiento explícito de ambos padres, ya que la patria potestad es compartida; y para los chicos mayores de 14 años también debe estar presente el consentimiento informado del menor”.
Gustavo Gallo, asesor legal del Consejo Nacional del Niño, el Adolescente y la Familia, opinó que “la realización de estos análisis por laboratorios privados es muy peligrosa, especialmente si la decisión está en manos de una sola persona. La posibilidad de hacer estos análisis podría incluso quedar sólo a cargo de organismos públicos, ya que en los temas de filiación debe intervenir el Estado”.