Por Vilma Ripoll *

Las reformas al código no traerán más seguridad ni mejor convivencia, que son reclamos legítimos, sino una reducción de los derechos democráticos de todos y un endurecimiento especial contra las protestas populares y los sectores más humildes. Pretenden perseguir a los que se movilizan, hambrear a los vendedores y cercar a las prostitutas en ghettos. Todos a merced de esta policía y esta Justicia, probadas en castigar siempre a los de abajo.
No importa si los que marchan son trabajadores, vecinos, ahorristas, estudiantes o piqueteros. No importa si alguien debe vender en la calle, cosas o su propio cuerpo, para subsistir. Todos serán blanco de multa, trabajo público y, si al juez le parece, arresto.
Entre otros puntos, nosotros hicimos una contrapropuesta concreta: despenalizar los reclamos sociales, regular la venta ambulante con criterio inclusivo y derogar la prostitución como contravención. No caben confusiones. En la sesión planteamos, textualmente, no considerar contravención las marchas, concentraciones u otras formas de protesta popular.
Lo mismo hicimos días atrás, cuando se distribuyó el superávit fiscal de 421 millones: propusimos destinarlos a viviendas populares, empleo y mejora salarial a los docentes y municipales. Y no, como votaron los bloques mayoritarios, cero para trabajo y 100 millones para los pulpos de la basura y contratos privados.
No sorprende que estas reformas autoritarias al código fueran motorizadas y festejadas por los diputados de Macri y López Murphy, que incluso iban por más. Lo vergonzoso es que, para aprobarlas, sumó sus votos un sector del ibarrismo y del kirchnerismo, demostrando que con Kirchner sigue la represión.
La realidad y las luchas siguen indicando que lo que acá hace falta es trabajo y respuestas sociales, no mano dura.

* Diputada de la Ciudad (MST-Izquierda Unida).