Por Alberto Binder *

Hemos escuchado hasta el cansancio el desgarro por el incumplimiento de la ley que se proclamó a veinte voces por todos los medios de comunicación, a raíz del apuro por aprobar el nuevo Código Contravencional, la decisión de impedir el acceso al público a la sesión y el ataque violento y sin sentido al edificio de la Legislatura.
Uno de los temas recurrentes ha sido el de la relación entre la venta ambulante o prostitución (ejercicio del comercio por parte de sectores pobres) y el abuso del espacio público. Frente a ello, es interesante traer al debate dos ejemplos. Uno muy antiguo; otro muy reciente. El primero es el artículo 20 de la Carta Magna (Juan Sin Tierra), aprobada en el año 1215. Allí se dice: “Un hombre libre no podrá ser multado por una leve falta, excepto conforme a la gravedad de la ofensa; y por una ofensa grave, será multado según la gravedad de la misma, pero salvando siempre su medio de subsistencia. (...) y ninguna de dichas penas serán impuestas excepto por el voto de hombres honestos, pertenecientes a la vecindad”. Ese era el nivel de sensibilidad hace... ochocientos años.
El segundo tiene que ver con los abusos del espacio público financiero, tal como lo señaló la comisión de fuga de capitales, que recientemente publicó su informe y que pasó sin pena ni gloria y con nula atención de los medios de comunicación y sus profetas de la “anarquía”. La comisión encontró “una profunda desarticulación entre organismos del Estado, falta de sistemas de prevención, incumplimiento consuetudinario de normas por parte del sector privado y del Estado. En definitiva, la total inacción de los distintos actores a la hora de evitar la crisis”, marcando la expresa responsabilidad de los distintos presidentes del Banco Central, de los superintendentes de Entidades Financieras y de los directores de la AFIP.
En ninguno de los casos conocidos y seguramente en la mayoría de las operaciones de transferencia efectuadas, se advirtió mayor preocupación del sistema financiero para conocer si el dinero era producto de la evasión impositiva, del lavado de dinero o de otros delitos más graves. Sin embargo, las entidades financieras tienen la obligación de “conocer a sus clientes” de acuerdo con las normas de prevención de lavado dictadas por el BCRA y tienen que denunciar las operaciones sospechosas, por lavado u otros ilícitos. Según el informe, “el BCRA en el mes de septiembre de 2002 aún no había evaluado las transferencias al exterior realizadas durante 2001”.
El espacio público de los pobres que comercian es la calle y debe estar limpio del “comercio vil”. El espacio público de los financistas y de los ricos está protegido por el Estado y la “negligencia” de la burguesía asalariada que hace girar en falso todos los organismos de control. ¡Sancionemos con rigor a los vendedores ambulantes!, como proclama con cara de furia el diputado Enríquez, porque ellos forman las mafias que perdieron a este país. Y si por las sanciones pierden el poco trabajo que tienen, bueno... que se quejen con Juan sin Tierra porque se incumplió con la Carta Magna, o se oculten en algún bosque lejano como los viejos proscriptos de Robin Hood.
Los que fungen de equilibrados ante las cámaras dirán que no se trata ni de uno ni de otro extremo. ¡La ley se debe aplicar a todos por igual! Falsos, hipócritas, ¿dónde está el escándalo y la alarma por la fuga de capitales impune, la corrupción permitida y el incumplimiento masivo de la ley que permite los privilegios más obscenos y el hambre de nuestros compatriotas? Da pena y vergüenza lo que se hace y se dice en el espacio público de nuestra patria. Sin duda, hace falta un nuevo Código de Convivencia.

* Vicepresidente del Inecip y miembro del directorio del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipcp).