“Mi causa finalmente fue archivada, así que la medida de expulsión en mi contra quedó anulada”, confirmó ayer a Página/12 un exultante Nicolás Sguiglia, el joven argentino que, junto con Francisco Castorina, conformaba uno de los otros dos casos testigo de intentos de aplicación de la nueva Ley de Extranjería aprobada por el gobierno de José María Aznar. De esta forma, Sguiglia deberá pagar una multa de 1500 euros por haber participado de una manifestación que interrumpió el recorrido de un tren que transportaba ilegales africanos hacia las costas del sur de España. Nicolás Sguiglia, de 25 años, fue detenido el 29 de enero pasado en Málaga, cuando participaba de una manifestación contra la deportación de inmigrantes ilegales marroquíes y argelinos. Inmediatamente, el gobierno de Málaga le inició una causa judicial, de la que surgió una propuesta de expulsión de la Comunidad, más allá de que Sguiglia tuviera la ciudadanía italiana. En parte por esto último y en parte por la presión ejercida por distintas organizaciones europeas y argentinas de derechos humanos, el expediente de expulsión de Nicolás terminó siendo archivado en los últimos días, siendo reemplazado por la multa en euros. “Ahora espero la fecha de dos juicios, uno de la policía en mi contra y otro mío contra la policía”, comentó el joven, quien confesó estar “más tranquilo” con la decisión.
Como contracara, la situación de Francisco Castorina, estudiante de historia de 20 años, parece ser bastante complicada. Castorina fue detenido el 15 de marzo, siete días después de que se venciera su visa, durante una razzia de la policía catalana que lo acusó de haber participado de una marcha antiglobalización y de portar una navaja, con la que habría amenazado a los agentes policiales. El caso fue a juicio y el 10 de abril último Francisco fue absuelto, ya que la Justicia consideró que las acusaciones en su contra eran “incongruentes con las pruebas presentadas”. Sin embargo, Francisco espera ahora por la resolución sobre la condena del gobierno español en su contra, que decidió su expulsión durante el lapso de 6 años de la Comunidad por su condición de turista irregular, medida que fue apelada por su abogada, Monserrat Salvador.