De todas las historias oscuras que alberga la masacre de Villa Ramallo, sólo dos quedaron cerradas. La que condenó a los miembros de la banda en septiembre de 2002, y ésta, la 1080, que supone concluir sobre quienes dispararon. Pero no queda agotado allí el tema. Existen dos causas más en trámite en la Justicia Federal nicoleña: la 1263, conocida como residual en el ámbito tribunalicio y otra desprendida de aquélla. En la residual, el juez Carlos Villafuerte Ruzo fue incorporando todas aquellas puntas de investigación que podían frenar las dos causas principales y que admitían ser investigadas con otros tiempos. Allí se desagregó de las responsabilidades principales, por ejemplo, al comisario Adolfo Biardo, jefe de la Departamental de San Nicolás y por lo tanto, responsable de todo el operativo. Pero, además, de la residual se separaron dos uniformados cuya investigación tenía cierta entidad: el comisario Juan Carlos Maldonado y el oficial Ruben Paolini. Maldonado estuvo al frente de las comisarías 1ª y 3ª de San Nicolás durante años. Días después del asalto fue derivado, extrañamente, a la Departamental Azul. Maldonado fue señalado por Carlos Martínez, condenado a 24 años por el asalto, como organizador del golpe. Maldonado conocía a Saldaña porque lo había detenido por un robo. Precisamente, Tito Saldaña, el único que salió completamente ileso del Polo, apareció ahorcado horas después en una celda policial. El que lo custodió era el cabo primero Aldo Cabral, condenado por formar parte de la banda. La muerte de Saldaña es investigada por la Justicia ordinaria. Ayer, los reclamos de los familiares de policías y de Carlos Chaves apuntaron hacia “los verdaderos responsables”. El tribunal aportó en ese sentido: ordenó investigar, entre otros, al entonces jefe del Grupo Halcón (ascendido el lunes a comisario) Gerardo Ascacíbar. El otro nombre que llamó la atención es el de Raúl Oscar Martínez, nada menos que el jefe del Comando Patrullas.