La venta de la reserva de General Pizarro podría ser declarada inconstitucional en caso de que la Corte Suprema resuelva a favor de un recurso de queja presentado en abril por tres ONG ambientalistas. El pedido de dar marcha atrás a la venta fue rechazado por la Corte Suprema salteña bajo dos argumentos: que un recurso de amparo no era la vía judicial idónea para rebatir la ley y que las ONG no están legitimadas para intervenir porque no se demostró que la desafección y venta de la reserva ocasionaría un prejuicio concreto al medio ambiente. Si el máximo tribunal federal fallara a favor, quedaría reforzada la legitimación que tienen las ONG para interponer amparos colectivos en materia de protección ambiental.