Rubén no puede dar su apellido. No legalizó sus vínculos con el Estado español. Tiene 31 años y vive en Madrid con su novia, una argentina con ciudadanía española. Hace seis años que vive como “ilegal” y ni siquiera se empadronó en el Ayuntamiento: “Lo decidí así porque la ley dice que la persona que vive con un inmigrante puede ser sancionada económica o penalmente. Y no quiero perjudicar a mi novia”, explica. Pero ése no es el único motivo: “La ley dice que todo aquel que está empadronado podrá ser visitado por las autoridades españolas; es decir que hay un fin represivo”. “Hoy –agregó–, el noticiero dijo tres veces que a los que se empadronaron y rechazaron los papeles, los van a deportar”. Es administrador de sistemas y trabaja en una empresa de informática. Tiene un sueldo de 1200 euros en negro y sus jefes “ni preguntaron” si quería legalizarse.