La Justicia porteña le ordenó al gobierno de la ciudad la creación en el plazo de quince días de un registro de denuncias sobre irregularidades edilicias o de seguridad en escuelas públicas y privadas, “con la consiguiente obligación de dar intervención a las distintas autoridades competentes para que adopten las medidas administrativas pertinentes”. La resolución fue dictada el jueves último por el juez en lo contencioso administrativo Fernando Juan Lima, en el marco de un recurso de amparo presentado por el abogado José Antonio Iglesias, padre de una de las víctimas de Cromañón. Además, el magistrado ordenó a las secretarías de Educación y de Seguridad inspecciones a siete establecimientos educativos públicos, junto con la presencia de personal de la Superintendencia Federal de Bomberos. Los controles deberán realizarse en el edificio de Guardia Vieja 4266/70, donde funcionan las escuelas secundarias Normal Nº 7, Comercial Nº 8 y Comercial Nº 25; la Escuela Infantil Nº 4, del distrito escolar 11; la primaria Nº 21, DE 20; la Técnica Nº 36, DE 15, y la Nº 12, de la zona de Barracas. “Todavía no nos notificaron el fallo, pero si hay una orden judicial, el gobierno de la ciudad la cumplirá”, señaló a Página/12 la secretaria de Educación porteña, Roxana Perazza.