El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos vino a poner un poco de cordura en una situación que se estaba yendo de las manos de la industria, y en la que el concepto Gran Hermano aparecía una y otra vez. Desde el 20 de agosto de 1999, cuando Jeffrey Levy –un estadounidense de 22 años– se convirtió en el primer sentenciado (dos años de probation) por subir a internet archivos MP3, copias de software y películas, la legislación del Norte apuntó a los usuarios. Esto significó, entre otras cosas, una vigilancia policial de las redes de campus universitarios y procesos judiciales contra una niña de 12 años y una abuela de 80: la ola de críticas que levantó esa estrategia llevó a que la RIAA (Recording Industry Association of America, el ente que nuclea a los sellos discográficos), la MPAA (Motion Picture Association of America, su par del cine) y la BSA (Business Software Alliance, con jugadores de peso como Apple, Adobe y Microsoft) encararan un nuevo camino en la lucha contra la piratería. Lo de ayer significa un espaldarazo importante en esa guerra.
Levy, aquel caso testigo de la estrategia que llegaría a punto muerto, cayó bajo los efectos de una ley enviada al Congreso en 1997 por el presidente Bill Clinton. La NET (No Electronic Theft) fija un año de prisión para quien suba a un sitio de “archivos compartidos” una cantidad de files que supere los 1000 dólares, y de hasta cinco años si la cantidad de archivos totaliza más de 2500 dólares, con multas de hasta 250 mil. Pero esa ley quedó caduca por el propio progreso de la tecnología: en 1997, el rey de Internet era Napster, un servidor que ofrecía MP3 a todos los que quisieran suscribirse. A medida que los estrados judiciales fueron dando de baja a servidores como Napster, mp3.com, Scour y Audiogalaxy, los diseñadores de software crearon un monstruo mucho más elusivo: los peer to peer (P2P), un simple programita que sólo oficia de nexo entre las computadoras de usuarios de todo el mundo, que comparten los archivos guardados en su disco rígido y bajan lo que quieran.
Como en una partida de ajedrez, las “negras” de la Justicia debieron ir atrás de lo que hacían las “blancas” de Internet, y así comenzó la persecución judicial de los individuos. “Si en el campus de una universidad hay un asalto o un asesinato, debe acudirse a la Justicia. El intercambio de archivos es un delito y debe tratarse del mismo modo”, arengó el diputado republicano William Jenkins. Joseph Biden, senador demócrata, fue más allá: “La innovación y creatividad americana debe ser protegida, tanto como deben protegerse nuestras propiedades, nuestros hogares y calles. Las leyes no están siguiendo el ritmo tecnológico”. Para ponerle ritmo al baile, la Universidad de Wyoming, cuyo cuerpo estudiantil demostraba ser uno de los más activos en eso de escuchar música sin pasar por caja, fue seleccionada como base de una prueba piloto. A comienzos de 2003, la red de la universidad fue intervenida con un programa desarrollado por la compañía californiana Audible Magic, que permitía monitorear todas las conexiones del campus, bloqueando inmediatamente todo lo que tuviera un tamaño sospechoso. Aquel alumno que fuera sorprendido intercambiando canciones era amenazado con la expulsión.
El sistema tuvo éxito... o casi. Presionando a los grandes proveedores de internet para que revelaran las identidades de los usuarios que intercambiaban archivos, en septiembre de ese año la RIAA impulsó un juicio contra 261 personas, en base a la acusación de que ese hecho vulneraba el Digital Millennium Copyright Act. Uno de esos procesos terminó con un arreglo extrajudicial de 2 mil dólares, pero los congresistas no pudieron exhibirlo precisamente como un logro: la procesada era Brianna Lahara, residente de Nueva York de 12 años de edad, y fue su madre, Sylvia Torres, quien debió lidiar con los abogados. A pesar de ello, en enero de 2004 hubo otra demanda masiva contra 532 direcciones de Internet suscriptas a los proveedores de Internet Time Warner y Verizon: alegando que cada usuario intercambiaba un promedio de 800 canciones que violaban el copyright, la RIAA demandaba que esos proveedores revelaran la identidad de los usuarios de esas direcciones.
El escándalo que levantó esa nueva andanada llevó a que varios abogados presentaran demandas contra la RIAA por violación de la privacidad de las personas, y que músicos como Moby, Chuck D (Public Enemy) y Bob Weir (Grateful Dead) advirtieran públicamente que la defensa de sus derechos que enarbolaba la industria como argumento para las demandas debía tener un límite. Huey Lewis (líder de los veteranos Huey Lewis and The News) señaló que “la industria es un monstruo gigantesco, con demasiadas bocas intermedias que alimentar, vendiendo un producto sobrevaluado y muy a menudo mediocre”. David Draiman, cantante de los ultrapesados Disturbed, fue más allá: “En esto no hay ninguna ciencia complicada. En vez de gastar su dinero litigando contra pibes, los mismos a los que en primer lugar les quieren vender sus productos, las compañías deberían aprender a usar Internet de un modo efectivo”.
Están aprendiendo.