- El proyecto establece los mecanismos que se deben cumplir en establecimientos públicos, privados y de obras sociales ante el pedido de un aborto “no punible”.
- En caso de peligro para la vida o para la salud física o psíquica de una mujer embarazada, el cuadro debe ser “fehacientemente diagnosticado”.
- Cuando el embarazo se hubiera producido como consecuencia de una violación, se exigirá la “denuncia judicial o policial” del hecho y una constancia de la revisación efectuada por un médico forense.
- La interrupción del embarazo deberá realizarse en un plazo “no mayor de diez días contados a partir de que se solicita”.
- La mujer debe recibir asistencia psicológica hasta su recuperación.