Emulando al sistema norteamericano, el sistema de jurados populares que rige en Córdoba desde el año pasado, luego de su polémica aprobación legislativa, se creó para delitos de homicidio y cometidos por funcionarios públicos. El tribunal está integrado por quince miembros, de los cuales cuatro son suplentes. Doce son vecinos comunes y los otros tres son abogados, que actúan como jurados técnicos. Los legos no pueden acceder a la instrucción del caso y sólo deben remitirse a la prueba producida o incorporada en la audiencia de debate. Tampoco pueden interrogar al imputado ni a los testigos o peritos, tarea asignada a los jurados técnicos. Ubicados a los costados y atrás de los juristas, quienes dirigen la audiencia, la función del jurado es emitir el veredicto, si el acusado es culpable o inocente, dejando en manos de los jueces los fundamentos y el monto de la condena, en caso de que la hubiera. A la hora de resolver, sólo votan los titulares y, si alguno está ausente, lo hace el suplente. La sesión del jurado es secreta, el voto es personal, y se resuelve por mayoría. El único que no vota es el presidente del tribunal, que sólo lo hace en caso de empate.