Si bien se apellida “de Niñez y Adolescencia”, en realidad ésta es una ley de todos, fruto de la voluntad colectiva, del diálogo y los acuerdos.
Toda la sociedad conviene en que los niños debieran estar por encima de toda disputa. Es una de las más importantes recomendaciones a tener en cuenta tanto para las, a veces, enconadas disputas de papá y mamá, cuanto para las complejas discusiones entre los servidores del Estado y sus empleadores. No hay otro interés superior que el de los propios niños.
En materia de la ley que les concierne, a partir de un proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados, los senadores se esmeraron para que fuera votada, en ese cuerpo –como a la postre se logró– en forma unánime en junio de este año. Pusieron en juego su predisposición a lograr una ley plenamente ajustada a la Convención sobre los Derechos del Niño, construyendo sobre la iniciativa emprendida por los diputados, dialogando y consensuando entre legisladores y dejando expresa constancia del compromiso de todos para lograr la modificación legislativa en el transcurso de las sesiones ordinarias del año en curso.
El esfuerzo legislativo corona una incansable actividad de organizaciones de la sociedad civil, respaldadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, destacados funcionarios del Poder Ejecutivo, de personalidades académicas y medios de comunicación para mantener vivo el compromiso del Estado argentino contraído al ratificar la Convención e incluirla como texto de la Constitución Política del Estado.
Hoy casi no existe oposición doctrinal a derogar la Ley 10.903 de Patronato, aunque no pocas prácticas institucionales –y personales también– vean con preocupación llegar la hora de un cambio tan necesario como inevitable. Que todavía tanta voluntad conjugada no halle la sanción definitiva de la ley, que esperan y necesitan los niños de la Argentina, podría explicarse sólo por el cúmulo de tareas legislativas que acompaña la compleja recomposición del tejido social e institucional erosionado por la crisis que el país enfrenta con decisión.
Por eso vale la pena, hoy, desempolvar los legajos, recomponer las prioridades y otorgar a los niños, niñas y adolescentes la prioridad efectiva en la consideración de sus derechos. Para que el próximo aniversario de la Convención, en corto tiempo más, encuentre al país celebrando la cancelación de una ya antigua deuda que el Estado tiene con la infancia en la Argentina y con la comunidad internacional.
Para que, además, la convocatoria del presidente de la Nación hecha en mayo de este año, a un Plan Nacional de Acción por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, cuente con el marco jurídico necesario para construir un efectivo sistema de protección.
El Plan compromete a los ministerios sectoriales a trabajar en forma coordinada para que las políticas universales alcancen los objetivos y metas del desarrollo que el país se ha fijado al comenzar este milenio. Así como para lograr que las estrategias y programas de superación de la pobreza den suficiente capacidad a las familias para cuidar y proteger a sus hijos, de manera que nunca más tengan que ser medidas de orden judicial las que busquen, lejos de la vida familiar, que los niños tengan alimento, salud y educación. Nunca más fuera del afecto y de la protección de su hogar. Ese será el efecto más visible de la ley, cuando termine por clarificar, al ser promulgada, los ámbitos de competencia de las instituciones, en el marco de los derechos humanos.

* Representante de Unicef Argentina.