Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), luego de realizar visitas durante 2004 y 2005 a las unidades de detención de los hospitales neuropsiquiátricos Borda y Moyano, llegó a una conclusión lapidaria: “Los derechos de las personas que se encuentran alojadas en las unidades psiquiátricas penales de la ciudad de Buenos Aires son vulnerados en forma sistemática y permanente”. Reflexiones similares fueron las que hicieron, en distintos momentos de la última década, legisladores o defensores del Pueblo de la ciudad que recorrieron las instalaciones de esos dos neuropsiquiátricos, en los pabellones donde son alojados pacientes cuyo único “delito” ha sido el de ser declarados insanos.
En agosto de 1999, en declaraciones a Página/12, el relevado director del Moyano, Néstor Marchant, habló en forma peyorativa de los pacientes a su cargo: “Si se les pone una buena comida y tienen un basurero, van al basurero. Si se les da lo mejor, van a buscar lo peor, es una falla que tienen, no se cura con terapias”. Miguel Tollo, coordinador de un foro que reúne a profesionales en salud mental, le respondió: “La tarea de un director de hospital es cuidar al paciente en su dignidad de ser humano”.
En junio de 1990 se denunció la muerte por inanición de 32 pacientes del Moyano. En agosto de 1999, una nota publicada por este diario aludió a la muerte de 15 internas del Moyano. El psicólogo institucional Marcelo Lorenzo se preguntaba entonces, en una columna de opinión publicada por Página/12: “¿Por qué el secretario de Salud, Lombardo, no interviene sobre los hechos? ¿Por qué el presidenciable De la Rúa (entonces jefe del gobierno porteño) no remueve a Marchant del cargo de director? Porque el imperativo no es prestar salud, sino ajustar la salud”. La nota central de este diario se titulaba: “Matar con la indiferencia”.
El informe del CELS sobre las cárceles que funcionan dentro del Borda y el Moyano señaló en forma contundente que en esos sectores los detenidos “sufren condiciones y tratamientos que constituyen daños gravísimos e irreparables a sus derechos a la vida, al trato digno y humano y a la integridad y a la seguridad personal”. El equipo de Salud Mental del CELS concluyó que “las condiciones de vida en las unidades psiquiátricas penales” de los dos hospitales porteños “no tendrían nada que envidiarles a las de un centro clandestino de detención” de la dictadura militar.
En los lugares donde hay personas alojadas sólo por problemas mentales, sin haber cometido delito alguno, la situación es similar. “Cuando preguntamos cuántos electroshocks hacen por mes, recibimos respuestas contradictorias y no nos entregaron estadísticas que están obligados a hacer, porque el electroshock requiere autorización de un juez o del propio paciente”, recordó Carlos Niccolini, ex asesor en salud de la Defensoría del Pueblo porteño que visitó el Moyano en 1999.