Desde el advenimiento de la democracia se han logrado avances en la situación social de las mujeres, como la legitimación de un nuevo concepto de igualdad basado no en lo formal legal, sino en la real igualdad de oportunidades y de trato.

Uno de los mecanismos más correctos para lograr la igualdad de oportunidades y de trato es la implementación de acciones positivas en todos los campos. A partir de 1983, con el advenimiento de la democracia en Argentina, se produjeron importantes avances en materia legislativa tendientes a la modernización de derechos y con ello al reconocimiento de los derechos de las mujeres.

La ley 23.264 estableció la equiparación de los derechos de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, juntamente con la patria potestad compartida. La ley 23.515 modificó el régimen de matrimonio y estableció el tratamiento del divorcio vincular, lo cual significó un importante avance ya que se eliminó la aguda situación de ilegitimidad a la que estaban sujetas muchas personas. Se modificaron, también, varios aspectos del Código Civil relacionados con la mujer como el de la capacidad civil de las personas, domicilio, nombre y apellido de los hijos, apellido de la mujer casada, tenencia de los hijos, edad para contraer matrimonio, plazo de viudez, trabajo de la mujer casada, bienes y alimentos.

En 1985, se ratificó la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer. En 1994, la reforma constitucional marcó importantes avances en materia de derechos humanos y de la mujer. Es así como en su artículo 37, el texto reformado habla de los nuevos derechos y garantías y hace referencia a la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios lo cual se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. El artículo 75 otorga jerarquía constitucional a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Entre ellos figura la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).

A pesar de ello, la implementación de políticas de ajuste de los ’90 ha profundizado la desigualdad y discriminación de facto entre los géneros. Estas han afectado proporcionalmente más a las mujeres, especialmente a las de sectores populares. Ellas debieron aumentar sus horas-trabajo fuera de la casa e hicieron frente a mayores responsabilidades familiares y sociales ante el retiro del Estado de las áreas sociales. Las mujeres se han convertido en las más pobres entre los pobres y son la variable de ajuste. Los datos de desocupación por sexos así lo demuestran. Aún hoy el sector con mayor índice de desocupación son las mujeres en la franja de 14 a 29 años, donde llega a 27.2 por ciento, mucho más alta que la desocupación general.

En la actualidad la mayoría de las mujeres empleadas perciben, por idénticas tareas, salarios inferiores que los que ganan los varones que van desde un 30 a 50 por ciento. Esta desigualdad afecta no sólo a las mujeres sino también a sus familias, es decir, a gran parte de la población, ya que 29 de cada 100 hogares están sostenidos por mujeres. En la Capital Federal son el 34,4 por ciento.

No podemos dejar de mencionar la jornada que realizan las mujeres. Una es el trabajo asalariado; la otra, el trabajo no remunerado que cumplen en sus casas.

El trabajo no remunerado es el que insume la mayor cantidad de tiempo productivo de las mujeres en sus tareas de ama de casa, madre, cuidado de los ancianos y enfermos, hasta en las propias empresas de familia.

En el ámbito de la salud, la demanda no satisfecha de atención en planificación familiar es muy importante. La crisis económica ha agudizado el bajo nivel de utilización de métodos anticonceptivos.

Se estima que en nuestro país se realizan infinidad de abortos clandestinos por año. Las estimaciones más conservadoras sostienen que son más de 400 mil al año; otras las elevan a casi un millón. Entre el 30 y el 40 por ciento de las camas públicas de ginecología están ocupadas por mujeres que sufrieron complicaciones derivadas de “abortos caseros” o clandestinos, siendo el responsable del 30 al 40 por ciento de las muertes maternas por año. Debido al subregistro, algunas estimaciones elevan esta cifra al 50 por ciento. Lamentablemente en nuestro país, debido a la falta de educación sexual y a la todavía no completa cobertura de programas y difusión de derechos en materia de salud reproductiva, el aborto es utilizado como un método anticonceptivo.

Uno de los grandes avances en la conceptualización teórica es la definición de que la violencia contra la mujer pertenece al ámbito público y no privado como se venía sosteniendo. Si bien en los últimos años este problema tomó estado público y adquirió mayor visibilidad, aún perdura. Responde a raíces muy profundas instauradas en nuestra cultura y hay múltiples formas de violencia que son invisibilizadas y toleradas por los medios de comunicación, la educación, la iglesia y otras instituciones.

La violencia contra las mujeres atraviesa todas las clases y sectores sociales y si bien no existe una estadística fehaciente sobre el número de víctimas se supone que de cada diez mujeres, cinco son víctimas de violencia.

Tampoco el acceso al Parlamento ha significado que las mujeres alcanzaran en igual representación en la dirección de los bloques partidarios y de las comisiones, repitiendo nuevamente y poniendo en evidencia el “techo de cristal” que frena la obtención de cargos en los lugares de decisión. Parecería que las mujeres acceden a aquellos lugares sin cuotas de poder. Los verdaderos lugares de decisión, como son las direcciones de algunos de los bloques y de algunas comisiones, aún permanecen, en general, impermeables a la participación de las mujeres. Recién en 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, compuesta por diez miembros, incorporó a una mujer con vicepresidenta segunda.

En la agenda para el 2006 tenemos algunas temas muy importantes, sobre los que en el movimiento de mujeres venimos trabajando desde años.

Primero, necesitamos una ley nacional de violencia contra la mujer que incorpore los nuevos avances en la materia. La violencia contra la mujer tiene que estar en el Código Penal. En países como Nueva Zelanda es un delito de acción pública. Es imprescindible que el gobierno nacional implemente un Programa Nacional de Violencia contra la mujer en el seno del Ministerio de Justicia.

Segundo, otro de los temas pendientes es la ratificación del protocolo facultativo de la Cedaw sobre el que tenemos algunas esperanzas porque el movimiento de mujeres viene realizando acciones y el Ejecutivo envió un mensaje en diciembre de 2005 para su ratificación.

Tercero, otro problema grande tiene que ver con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y está vinculado con la implementación de la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Este Ministerio está incumpliendo con la ley de Salud Sexual y procreación responsable al no implementar un programa de educación sexual en las escuelas públicas.

Cuarto, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto –a la que han adherido cientos de personas en todos el país, en las calles, en las organizaciones y en el gobierno, entre ellos el ministro de Salud– todavía no ha logrado que fuera tratado ningún proyecto en el país, por el temor casi reverencial que tiene nuestra clase política hacia los sectores más conservadores de la sociedad.

Quinto tema de la agenda es la lucha contra las redes de prostitución. Hace tres años los presidentes del Mercosur firmaron un compromiso contrael tráfico de mujeres y de niños y niñas. Hasta ahora no hay en el Ejecutivo ningún organismo único y unificado (con todos los sectores involucrados) que se esté ocupando seriamente de ese flagelo.

Algunos cambios se están dando: tenemos dos ninistras en carteras clave como lo son Economía y Defensa, en lugares no tradicionales, pero no sé si eso es parte de una concepción, de una nueva visión o porque es lo políticamente correcto.

Por el momento no vemos que en el Gobierno haya un compromiso muy serio con la perspectiva de género, salvo el ministro de Salud. Como prueba, vemos la reconversión del programa Jefes y Jefas de Hogar del Ministerio de Trabajo, por la cual los hombres van a capacitarse y las mujeres, a sus casas. Con esto se busca que las mujeres dejen de presionar sobre el mercado de trabajo y a la vez refuerzan los roles tradicionales en vez de democratizar los roles en la familia.

* Socióloga. Presidenta de la Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer.