El 3 de mayo de 2005, la Corte Suprema condenó a la provincia a adecuar su legislación a la Constitución, los tratados internacionales y las leyes nacionales. El 4 de mayo, el Senado convocó a una comisión ad hoc e invitó al Ejecutivo y al Poder Judicial, a ONG como el CELS y la APDH, a los presidentes de bloques de ambas cámaras y a la Procuración para estudiar proyectos de ley que cumplieran con la orden. El 5 de mayo se realizó la primera reunión. La comisión trabajó sobre tres líneas de proyectos: el primero, las reformas cautelares del Código Procesal Penal bonaerense que regula la prisión preventiva, que es la modificatoria aprobada ayer. El segundo y el tercero aún son deudas: uno trata sobre cómo se regula la libertad condicional; el otro, fijar por ley cuál es el verdadero cupo de cárceles y comisarías, bajo el lema de que “el juez no puede enviar a la cárcel como si la cárcel fuera lo que debiera ser”.