“Debemos reconocer logros del gobierno local en seguridad y convivencia porque los homicidios bajaron. Pero partimos de la hipótesis de que no ha habido entrega de armas y no se ha desmontado la estructura paramilitar. Todavía están operando. Siguen asesinando a quienes no comparten el proyecto paramilitar. Siguen las extorsiones. Siguen teniendo el control del territorio y por lo tanto de las actividades ilegales”, le dice a Página/12 Jesús Balbín, investigador del Instituto Popular de Capacitación (IPC).

El diagnóstico coincide con lo que expone el investigador Gustavo Duncan en La infiltración urbana de los señores de la guerra. “Las redes mafiosas encontraron asidero en los barrios marginales de las grandes ciudades, donde habita la población urbana que no recibe los servicios del Estado o que los recibe incompletos. Esta población está formada por individuos recurrentemente excluidos y desplazados de áreas violentas. Las redes de los grupos paramilitares aprovecharon la debilidad del Estado para apropiarse de las rentas, al tener el dominio de estas comunidades, a cambio de protección. Cobran impuestos –vacunas– a todas las actividades económicas que se llevan a cabo.”