El 22 de marzo pasado, a las 4 de la mañana, al preso Cristian Luis Acosta Huapi, alojado en una celda de castigo de la Unidad 21 de Campana, se le dio por protestar en lo que en la jerga penitenciaria se designa con el eufemismo de autoflagelarse con cortes varios. Se hizo necesario su traslado al sector de Sanidad. Se encargaron de ello tres agentes penitenciarios, dos guardiacárceles y un cabo. Los tres custodios del bien auxiliaron al preso Huapi autoayudándolo a flagelarse: lo molieron a golpes con sus bastones y a patadas y puñetazos. Luego lo depositaron en el servicio médico correspondiente. Una semana más tarde, el 28 de marzo, los tres fueron detenidos por orden de la fiscalía temática 1 de Zárate-Campana por infracción al artículo 144 bis 3ª, que castiga a quienes tienen a su guarda a detenidos y los someten a vejámenes, una forma de tortura que no es reconocida legalmente como tal.

Ese mismo 28, un parte del Ministerio de Justicia hacía público el hecho y describía cómo fue el recorrido del caso. Los médicos habían recibido al preso en tal estado que informaron al jefe del penal, el prefecto mayor Oscar Filippini. El prefecto, sin hesitar, informó al Ministerio de Justicia quien le ordenó denunciar a sus propios hombres en la fiscalía, lo que derivó en la detención. En el parte, el ministro de Justicia Eduardo Di Rocco sostenía que “venimos diciendo que no hay lugar para el maltrato y que toda acción que esté desviada del objetivo de inserción del interno en la sociedad debe ser denunciada y castigada”.

Lo que no se mencionó en el parte fue que antes de que Filippini llamara a nadie, de pura casualidad, cayó por el penal el fiscal de Zárate-Campana, a las 10 de la mañana de ese día, seis horas después de que Filippini supuestamente había sido informado por los médicos, y descubrió al preso inutilizado. El caso no se podía ocultar. Filippini lo denunció. El parte tampoco mencionaba los nombres de los detenidos: son Emanuel Amaya, Horacio Fraga y César Ramírez. El primero, según aseguraron en Campana, sería pariente de Carlos Rotundo, subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense.