La familia de la joven discapacitada mental mendocina que fue violada presentó ayer en el principal hospital público provincial un pedido para que le realizaran allí el aborto no punible que reclaman. El ministro de Salud, Armando Calletti, adelantó a Página/12, que a más tardar “en 72 horas” habrá una respuesta a la solicitud. “Ojalá que la experiencia lamentable de lo que pasó en La Plata no se repita y se produzca lo que no sólo es una cuestión de derecho sino aplicación de la ley”, señaló el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, consultado por el nuevo pedido de interrupción de embarazo bajo los supuestos del artículo 86 inciso 2º del Código Penal.

La madre de C. C. A. resolvió recurrir al Hospital Lagomaggiore, de la capital mendocina, luego de que el Comité de Bioética del Hospital Militar postergara para hoy su decisión sobre el caso. Enterado del pedido, el ministro Calletti se reunió con directivos del Lagomaggiore, solicitó la historia clínica de la joven al Hospital Militar y pidió un dictamen a la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuyo. “Estamos actuando con celeridad. Queremos que haya un encuadre médico y legal para evitar que las presiones sobre quienes tienen que intervenir en el procedimiento impidan que se realice”, explicó el ministro Calletti, en diálogo con este diario.

La joven tiene 25 años, pero una edad mental de 4. En una revisación médica se descubrió que estaba embarazada. En su historia clínica figura que padece el síndrome epiléptico de Lennox-Gastaut, que se caracteriza por fuertes convulsiones y retraso mental severo y la obliga a tomar una medicación que podría causar malformaciones fetales. La denuncia por violación fue presentada el 8 de agosto en la Oficina Fiscal Nº 11 de Luján de Cuyo, donde vive la joven con su mamá, viuda de un militar. Entre la documentación que acompañó la solicitud del aborto “no punible” hay una ecografía que marca que la gestación es de 11 a 12 semanas y dos escritos que certifican la discapacidad mental: un dictamen del Cuerpo Médico Forense firmado en 1996 y un diagnóstico de noviembre de 2003 del área de Neurología del Hospital Militar Central, de Buenos Aires, según detalló el ministro Calletti a Página/12.

Un aborto a una chica discapacitada que fue violada “no puede representar en ningún caso un dilema ético”, opinó el subsecretario de Gestión Sanitaria de Mendoza, al ser consultado sobre el caso.

El miércoles se reunió el Comité de Bioética del Hospital Militar mendocino, pero pasó a un cuarto intermedio para ayer. Finalmente, postergaron para hoy una definición. De todas formas, el vocero del Ejército, coronel Gustavo Tamaño, dijo a este diario que sin una autorización judicial para realizar la interrupción del embarazo no la harán. No obstante, aclaró que la sola existencia de ese permiso no garantiza que se lleve a cabo el aborto: los médicos del Hospital Militar podrían alegar objeción de conciencia.

Pero hasta que no haya una negativa a la práctica del aborto, la Justicia no se expedirá. “Si no hay conflicto, no podemos intervenir”, explicó el juez de Familia de Mendoza Germán Enrique Ferrer, en cuyo tribunal recayó el pedido de autorización para realizar el aborto no punible. De todas formas, para evitar dilaciones, el magistrado ya designó a la asesora de Menores Silvia Ortiz, quien se reunirá hoy con la madre y C. C. A.