Poco más de un año y medio después de la entrada en vigor, el 3 de julio de 2005, de la ley que consagró en España el derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, el mundo no se ha derrumbado ni la familia tradicional ha entrado en un proceso de descomposición, como anunciaban los pronósticos agoreros de los partidos e instituciones conservadores que se opusieron a ella con uñas y dientes. Mientras en Argentina empieza el debate ante la ofensiva de la comunidad homosexual que reclama una reforma legal similar en el país, mirarse en el espejo español puede ayudar a disipar los fantasmas que agitan los sectores más intolerantes.

La primera en comprender que las consecuencias de esta reforma no son tan nefastas como en su momento aseguraron el Partido Popular y la Conferencia Episcopal Española, en su día los más férreos opositores a la norma, parece ser la misma sociedad. Según una encuesta reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 62 por ciento de la población aprueba la nueva institución matrimonial mientras los opositores a la norma se han reducido a poco más del 25 por ciento.

De todas formas, la reforma del Código Civil en su momento impulsada por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que se plasmó en la Ley 13/2005, no ha sido aprovechada, como en su momento lo estimó el gobierno, por una gran cantidad de ciudadanos. Luego de su aprobación, la administración del PSOE calculaba que la nueva ley beneficiaba potencialmente a cuatro millones de personas (aproximadamente, un 8 por ciento de la población). Pero las estadísticas no han registrado una explosión de matrimonios homosexuales como se esperaba. Durante los primeros seis meses de vigencia, desde julio a diciembre de 2005, se celebraron según el INE 1269 bodas entre personas del mismo sexo, 914 fueron entre hombres y sólo 355 entre mujeres.

“Y es que no es tan fácil salir del armario, a pesar de lo que parece. Y a los hombres les cuesta menos que a las mujeres”, afirma Ximo, uno de los pocos homosexuales españoles que se han decidido a dar el paso, cuando en noviembre pasado se casó con Juan Ramón, su pareja desde hace quince años. “Nosotros conocemos a muchas parejas que están en nuestra misma situación –continúa–, pero que dudan a la hora de casarse porque la boda tiene un contenido social, ritual, que va más allá de una simple convivencia.”

Aunque no hay estadísticas oficiales con respecto al año 2006, se calcula que las bodas entre personas del mismo sexo no han superado las cinco mil desde que entró en vigor la nueva ley. Apenas un puñado de ellas ha solicitado la adopción de un hijo, uno de los aspectos más criticados por los opositores a la norma en su momento.

“España parece un país moderno, si se lo juzga desde el punto de vista de su legislación –afirma Ximo–, pero en lo más recóndito de la sociedad siguen presentes el machismo, la homofobia, la discriminación más acentuada.” Sobre esa base cabalga todavía el opositor Partido Popular que espera desde el 30 de septiembre de 2005 que el Tribunal Constitucional resuelva sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentó ante esa máxima instancia con el objetivo de anular la reforma, alegando que la Constitución sólo reconoce como “matrimonio” al que se celebra entre un hombre y una mujer.

Otro sector que lo ha intentado todo con tal de que la nueva legislación no se ponga en práctica es la Iglesia Católica, aunque tampoco ha tenido mucho éxito. Luego de que el presidente del Pontificio Consejo para la Familia del Vaticano, el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, hiciera en su momento un llamamiento a los funcionarios españoles para que no cumplan con la ley, alegando una más que dudosa “objeción de conciencia”, muy pocos alcaldes y concejales –que son en España los encargados de celebrar los matrimonios– se han sumado a la medida. Tanto la Iglesia como el PP se han tenido que enfrentar más bien a sus propios sectores “progresistas” que reclamaron que se bajara el tono a la polémica apostando más bien por la tolerancia.

Los que sí han captado las ventajas de los nuevos aires que corren son los propietarios de un gran número de restaurantes y locales de fiestas que han aggiornado su oferta de servicios incluyendo las bodas homosexuales. Otro sector beneficiado, aunque en muy pequeña medida, ha sido el turismo: se calcula que más de un centenar de ciudadanos de países vecinos, como Francia y Portugal, han decidido fijar su residencia en España para poder casarse, aunque luego el matrimonio no tenga validez en su país de origen. En sectores judiciales se temió también en su momento que la nueva ley fuera aprovechada por los inmigrantes sin papeles para conseguir más fácilmente un matrimonio con ciudadanos españoles, otro de los pronósticos que hasta el momento tampoco se ha cumplido.

“Deberán pasar todavía muchos años para que se instale una sensación de normalidad”, sostiene Juan Ramón, la pareja de Ximo, “pero al final sucederá. Cuando la gente ve que el miedo que se le ha intentado inculcar no tiene base, los prejuicios desaparecen y aquí se ha intentado eso, una gigantesca operación mediática para instalar un miedo que hasta ahora, por fortuna, no ha ganado la batalla. Ni la ganará”.