Los gobiernos de Carlos Menen y Eduardo Frei firmaron en 1997 el Tratado de Integración y Complementación Minera, para “facilitar las inversiones privadas en la frontera de ambos países”. Con diez años de vigencia del acuerdo, el investigador del tratado y militante ambiental, Javier Rodríguez Pardo, afirma lo contrario: “La Cordillera de los Andes está administrada por transnacionales. Se ha transformado en un tercer país ubicado entre Argentina y Chile. Las empresas pueden hacer cualquier actividad, circular libremente de una punta a la otra, perforar la cordillera, pasar de uno a otro país, usar inmensas cantidades de agua de forma irrestricta y no pagar ni un centavo”.

Desde Chile, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Sociales (OLCA) elaboró un extenso informe sobre cada punto del tratado. “Los autores del tratado son juristas y técnicos al servicio de las empresas mineras. La legislación no es económica, social ni ambientalmente favorable para ninguno de los dos países. Las únicas beneficiadas son las empresas.” En las 133 páginas del estudio, OLCA resalta: “Con el tratado, Chile y Argentina ceden territorio y recursos naturales. No hay un aporte real a los países. Desde el punto de vista político y jurídico ambos países ceden soberanía”.

Las grandes empresas de minería internacional, que escapan de sus países por rígidos controles ambientales e impositivos, señalan las ventajas de la legislación. En primer lugar, aprovechan a rajatabla el Código Minero Argentino, por el cual el Estado (nacional, provincial o municipal) tiene prohibido explotar por sí solo cualquier yacimiento (literalmente el propio Estado se prohíbe la explotación de sus minerales), las compañías mineras no tienen retención a la exportación, no deben liquidar divisas (no ingresa el dinero de sus ventas al país), no pagan impuestos a los combustibles (el que todos pagan cuando cargan nafta), ni tasas para la importación. “No pagan ningún tipo de impuesto provincial ni tributo municipal, es decir ni ingresos brutos, patentes, sellos, habilitaciones ni uso del espacio público”, explican desde la Asamblea de Esquel. No pagan IVA ni impuestos por ingreso de maquinarias. Gozan de estabilidad fiscal por 30 años.

La Cámara de Empresarios Mineros reconoce otros tres factores seductores: el creciente precio del oro, que Argentina sólo está explorada en un 25 por ciento y que cuenta con 5000 kilómetros de cordillera.