Según datos de la Justicia, en la ciudad de Buenos Aires fueron desalojadas en lo que va del año 11.400 personas. En todo 2006, las afectadas habían sido 12.438. El crecimiento galopante de este fenómeno dio pie a la defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini, a presentar un proyecto para que la Justicia en lo civil, que actúa en estos casos, ordene la realización de un informe socioambiental de las familias que van a ser desalojadas, para disponer algún tipo de asistencia antes de que queden en la calle. “Especialmente, cuando el desalojo afecta a niños, ancianos o personas con necesidades especiales”, afirmó Pierini a Página/12.

“La ciudad dispone de planes sociales para paliar la situación de falta de vivienda, pero sería mejor su implementación si se conoce con anticipación cada emergencia y no improvisando cuando la gente esté en la calle”, explicó la defensora porteña.

Pierini presentó por eso un proyecto de declaración en la Legislatura para que se le recomiende a la Cámara de Apelaciones en lo Civil que, “a través de una acordada, disponga que en juicios de desalojo, los juzgados de ese fuero soliciten un informe socioambiental de los demandados”. La defensora hizo hincapié en las circunstancias en las cuales los desalojos afectan a niños, ancianos o personas con necesidades especiales, tres grupos en condiciones de vulnerabilidad.

–¿Quién debería hacer ese informe socioambiental? –preguntó Página/12 a Pierini.

–Lo podría hacer la policía, que es la que interviene en la instrumentación de los desalojos. Antes de hacer cumplir la orden puede hacer un relevamiento, por orden del juez, de manera de saber quienes son las personas afectadas, que la mayoría de las veces no son tenidas en cuenta por lo jueces. En los últimos tiempos se ha desalojado a muchas familias con niños y ancianos, de terrenos baldíos y casas tomadas, y si bien reciben subsidios del Gobierno de la Ciudad, la mayoría de las veces éstos llegan después de que pasaron uno o más días a la intemperie.