Las dos testigos dominicanas contactadas por Página/12 llegan en una de las etapas más calientes de la causa por la desaparición y muerte de prostitutas de Mar del Plata. Esta semana, el juez de la investigación, Pedro Hooft, supo que en las filas de la Maldita Policía estaba tramándose un atentado contra su propia vida. Y eso lo supo días después de haber dictado el procesamiento a diez policías, tres civiles y un fiscal federal acusado de “encubrimiento”. El anuncio del atentado apareció en ese contexto, mientras avanzan las indagatorias y comienzan a surgir nuevos datos para profundizar la línea policial y su relación con la prostitutas, el negocio sucio y la responsabilidad sobre las muertes y las desapariciones.
Hooft está investigando sólo tres de los doce casos que tiempo atrás fueron adjudicados al supuesto “loco de la ruta”. Esa fue una de las hipótesis tejidas alrededor de las desapariciones o muertes de las mujeres de Mar del Plata. La idea de un psicópata sirvió para tapar a los verdaderos responsables de los crímenes y a los dueños del negocio: “Una banda mixta integrada por proxenetas y policías en uno de los negocios más rentables en la caja financiera de la Maldita Policía”, indicaron a este diario fuentes de la Procuración de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, uno de los ámbitos más comprometidos con la pesquisa del juez.
Esa es la línea profundizada por Hooft ahora. Y las pruebas recogidas hasta aquí le permitieron iniciar un camino de detenciones que tal vez no se detenga. El viernes 9 de agosto, el juez procesó a diez policías, todos con actividad durante el ‘97 y ‘98: el período en el que se enmarca la investigación. Los policías eran de la comisaría primera, la seccional que tenía jurisdicción sobre la inflamada zona roja del puerto. Pero entre ellos también hay policías de la ex Brigada de Investigaciones y de la brigada de calle de la antigua Unidad Regional. Entre esos diez hombres, hay uno prófugo. El grado de participación se probó analizando los cruces de llamadas entre los policías y los prostíbulos. Los uniformados se encargaban de darles protección y acompañar la actividad de los negocios por 100 pesos semanales.
Ese fue uno de los temas sobre los que les preguntó el juez Hooft esta semana durante las indagatorias. Por ahora, el juez tiene bien probada la relación de los policías con los boliches, pero necesita datos para explicar las desapariciones de las tres mujeres. Pero no es sólo eso lo que busca la Justicia. Allí están convencidos de que entre los involucrados hay hombres de mayor jerarquía por lo menos dentro de la estructura de la Bonaerense. Por ejemplo, quien en aquel momento estuvo al frente de la comisaría primera o de la Departamental. En el cúmulo de llamadas reunidas a lo largo de tres años existen suficientes indicios como para ir despuntando esta parte de la trama. En la revisión de los llamados, Hooft y la gente del Fiscalía General encontraron hasta comunicaciones oficiales. Hay desde dependencias del Ejército, la Armada, servicios penitenciarios, hasta varias decenas hechas desde distintas oficinas de la Municipalidad de General Pueyrredón.
En alguno de esos cruces, apareció un día el número de teléfono del fiscal federal Marcelo García Berro, otro de los nuevos procesados. En su caso, el juez definió su participación como “encubrimiento”. García Berro era uno de los visitantes del prostíbulo de la calle Salta 1331, aquel donde estuvieron alojadas las dos mujeres dominicanas entrevistadas por ese diario (ver aparte). Pero además, Berro era uno de los conocidos de Verónica Andrea Chávez, una de las tres mujeres desaparecidas del expediente. Para la Justicia, Berro nunca admitió su verdadero vínculo ni con Chávez ni con el prostíbulo y ahora tanto las comunicaciones como otros testigos lo hicieron correr de lugar. Hooft mandó todas las pruebas a la Procuración de la provincia y al Consejo de la Magistratura. Desde el jueves pasado, el fiscal está suspendido pero la Justicia no podrá convocarlo hasta que no se expida la Magistratura. En tanto, los civiles acusados son los dueños del prostíbulo de Salta: Pilar de las Mercedes Peralta Zamora y su marido Daniel Soria. Ellos y una tercera persona del lugar están todavía prófugos.