Un amplio abanico de organizaciones de mujeres, de derechos humanos, profesionales y académicas reclamaron ayer el cumplimiento del artículo 86 inciso 2º del Código Penal que contempla el aborto no punible para casos como el del MFC. En una declaración consideraron que la intervención de la Justicia impidiendo la intervención médica “es un claro avasallamiento al derecho adquirido. Y se constituye en una doble violación cuando el Estado no garantiza la investigación y la sanción del delito de violación de la que fue víctima esta joven mujer”.

“Por cada hora que la Justicia demora en resolver un error, en el que ha incurrido, se expone a la joven a un mayor riesgo de vida. Exigimos la inmediata resolución por parte del Poder Judicial respecto de la apelación presentada, para que se garantice a la joven y su madre (su representante legal) el derecho a decidir en libertad”, señalaron en su declaración, difundida en una conferencia de prensa, convocada en la Cámara de Diputados provincial.

“Increíblemente aún no se ha elevado el recurso de apelación interpuesto por el defensor. Lo que demuestra la gran responsabilidad del Poder Judicial de Entre Ríos que sólo debería ocuparse de juzgar al culpable de la violación en lugar de poner en riesgo la vida de la víctima”, agregaron y advirtieron que analizarán el inicio de “las acciones legales pertinentes por mal desempeño en el ejercicio de su cargo contra las/os funcionarias/os judiciales”, que actúan en el caso.

Entre otros, acompañan el reclamo el Inadi, el Consorcio por los Derechos Reproductivos y Sexuales y la Fundación Mujeres Tramando.