“Los niños y niñas alojados con sus madres en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires no reciben ni acceden de manera igualitaria a una adecuada atención de su salud”, advierte un informe que acaba de finalizar sobre la problemática carcelaria el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. En esas condiciones de detención se produjo en julio la muerte de Yoel, un bebé de cinco meses que vivía en la Unidad Nº 33 de Los Hornos, junto con su mamá, detenida sin condena por el delito que se le imputaba. La muerte del pequeño Yoel hizo visible públicamente lo que reiteradamente denunciaron el Comité Contra la Tortura y distintas organizaciones de derechos humanos: “La sistemática violación a los derechos humanos de los chicos alojados con sus madres en los establecimientos carcelarios provinciales que no reciben la atención médica mínima e indispensable que el Estado debe brindarles”, señala el informe del organismo. Yoel padecía una bronqueolitis y desde hacía más de una semana su mamá venía reclamando por una atención adecuada y medicamentos. Su muerte no fue la única. Durante los últimos tres años, otros cinco chicos fallecieron por causas similares por las que murió él, de acuerdo con el informe oficial.

En la Unidad Nº 33 de Los Hornos, donde vivía Yoel con su mamá, están alojadas casi nueve de cada diez mujeres presas que residen junto a sus hijos en prisión en el territorio bonaerense. El 96 por ciento está procesada. El 40 por ciento de ellas por delitos contra la propiedad; el 31, por tenencia y comercialización de estupefacientes y el 23, por delitos contra la vida, según surge del informe del Comité contra la Tortura. El tiempo promedio de detención que llevan las mujeres embarazadas y detenidas con sus hijos es de un año y ocho meses. Es la única cárcel bonaerense que tiene jardín maternal.

“Ante la ausencia de reglamentación, la inexistencia de partidas presupuestarias y el no cumplimiento por parte del Ministerio de Justicia de lo señalado por la legislación vigente, la situación de los niños/as que residen en prisión es violatoria de los derechos garantizados por el marco constitucional y pactos internacionales. Sobre todo aquellos que refieren al desarrollo del niño/a en un ambiente que les permita satisfacer sus intereses y necesidades infantiles, con acceso igualitario a la salud y a la educación, el derecho al juego, las actividades recreativas, artísticas y culturales, el derecho a crecer en familia”, advierte el informe.