Por Alejandro Vanoli *

La renegociación de la deuda entra en su fase decisiva. En las próximas semanas es esperable una propuesta detallada en el marco de los lineamientos de Dubai con precisiones respecto de las condiciones financieras de los nuevos bonos incluyendo las quitas de capital, tasas de interés, plazo, gracia, opciones ligadas al PBI, dinero fresco, tratamiento de atrasos. La misma generará un minué de contrapropuestas y propuestas que deberían desembocar en un acuerdo en los próximos meses.
Dicho proceso estará envuelto de turbulencias incluyendo nuevos juicios e inhibiciones judiciales, declaraciones y análisis catástrofes, tendientes a debilitar la posición negociadora y mejorar los términos para los acreedores. Hasta el momento el gobierno nacional se ha manejado con firmeza, en defensa de la aspiración colectiva de una negociación digna que implique un sendero de pagos compatible con un programa de desarrollo económico con equidad.
El Presidente sabe que su credibilidad y viabilidad dependen del mantenimiento a rajatabla de principios que suponen un acuerdo razonable y el rechazo a adoptar políticas de ajuste. Los acreedores de la deuda social deben ser los únicos privilegiados. Subordinar todo en aras de comprometer lo imposible a cualquier costo implicaría una nueva y grave frustración de impredecibles consecuencias. La clave entonces pasa por formular una renegociación sustentable. Veamos qué implica.
En primer lugar políticas de crecimiento. Esto se relaciona con estrategias macro que impliquen un estímulo a la demanda agregada, un tipo de cambio que no desincentive la producción y el empleo y la formulación de un plan de mediano de plazo tendiente a generar ventajas competitivas que trasciendan los commodities.
Segundo, el superávit fiscal debe ser un resultado de dicha estrategia y no una meta que implique restricciones a la inversión, al gasto social o una estrategia tributaria regresiva.
Un mayor PIB y superávit están presentes en todas las proyecciones. En la visión neoconservadora de los ‘90 y según muchos analistas financieros aún hoy, el mero voluntarismo permitiría obtener esos resultados, que combinados con apreciación cambiaria y deuda adicional generarían un nuevo “megacanje” supuestamente sustentable y muy amistoso. Los resultados de este camino fueron ya probados.
La obtención virtuosa de crecimiento y viabilidad fiscal requiere de otras condiciones: verdaderas políticas de Estado y una inserción internacional responsable.
Resulta necesario agregar un tercer factor: el equilibrio externo, esto implica no sólo el tipo de cambio sino también políticas que promuevan una diversificación de exportaciones y desalentar importaciones no esenciales. Esto es lo opuesto a las políticas de apertura irrestricta 1977/82 y 91/2001 con déficit comerciales financiados con endeudamiento.
Suele tratarse a la capacidad de pago como independiente de la voluntad de pago, aunque en realidad ambas están estrechamente vinculadas. El cuarto factor de la capacidad de pago está dado por la sustentabilidad político-social, que está asociada con el funcionamiento de funciones básicas del Estado, provisión de bienes públicos y una mejor distribución del ingreso. Una variable para medir este factor es la relación entre intereses de la deuda y gasto público. Cuando dicha relación creció a más del 20 por ciento por una combinación de mayores intereses y mayores ajustes, se generaron condiciones de recesión y default.
Tomando en cuenta la necesidad de respetar los equilibrios productivos, fiscales, externos y sociales, la capacidad de pago de la Argentina para atender la deuda es muy limitada y requiere de una quita de capital del orden del 70 por ciento, plazos muy largos y tasas de interés de entre 1,5 al 5 por ciento anual según el tipo de bono. Una importante proporción dela nueva deuda deberá estar denominada en pesos. Aun así se requiere financiamiento adicional en los próximos años.
Descartada la vía de cerrar “pateando para adelante” mayores pagos, existen dos riesgos adicionales, generalmente presentes en los mercados de capital, la sobreestimación y la visión corta.
Obviamente si se proyectan tasas de crecimiento extraordinarias o resultados fiscales sobreestimados, se podría llegar a una capacidad de pago teórica mayor. Los modelos de administración de riesgo suponen matrices de probabilidad para distintos escenarios que recogen información histórica y estimaciones. Cabe señalar que el promedio de crecimiento de los últimos treinta años del PIB es del orden del 3 por ciento mientras que el superávit fiscal no supera el 1 por ciento del mismo.
Otro elemento prudencial implica resistir la tentación de efectuar pagos cash en base a excedentes presentes, ahorrando un margen del mismo para cubrir eventuales necesidades ante shocks internos o globales. La constitución de un fondo anticíclico y un fondo para la financiación de inversiones es la mejor forma de prevenir un nuevo default.
En síntesis, la Argentina tiene sobrados motivos y muy racionales para promover un plan de pagos realista, prudente y creíble que permita una recuperación económica con inclusión social. No se debe repetir un camino facilista supuestamente amigable, pletórico de promesas incumplidas y con visión cortoplacista, en beneficio de unos pocos.
* Economista del Plan Fénix.