La profesión docente continúa siendo sinónimo de pobreza. Según datos del Ministerio de Educación, el salario de bolsillo promedio de un maestro con diez años de antigüedad es de apenas 559 pesos, incluyendo el Incentivo Docente. La situación más crítica se encuentra en Corrientes y Misiones donde se cobra menos de 450 pesos. Las comparaciones internacionales ubican a los docentes argentinos en peor posición que sus pares brasileños, chilenos y paraguayos. El ministro de Educación, Daniel Filmus, anunció que a partir de julio el salario aumentará 30 pesos para comenzar a cancelar la deuda acumulada en concepto de Incentivo. Sin embargo, el ingreso promedio permanecerá por debajo de los 718 pesos que necesita una familia para superar la línea de la pobreza. Por lo tanto, la mayoría de los maestros seguirán siendo pobres de guardapolvo blanco.
La baja remuneración de los docentes ha sido una constante a lo largo de las últimas décadas, aunque cada vez más acentuada. Según datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, entre 1980 y 1991 la matrícula aumentó un 55 por ciento, pero el gasto educativo en términos reales no sólo no creció sino que disminuyó levemente. La expansión del sistema se financió con una reducción del salario real docente del 41 por ciento. En los ‘90 la matrícula creció un 17 por ciento y el gasto educativo un 37,5 por ciento, pero los salarios aumentaron sólo un 6 por ciento porque la mayoría de los recursos se destinaron a infraestructura o materiales para alumnos por recomendación del Banco Mundial, organismo internacional que se negó de manera tajante a otorgar créditos para financiar gastos corrientes como son los salarios.
Cuando la crisis se profundizó a fines de 2001 los ingresos de los docentes siguieron cayendo debido al recorte del 13 por ciento, el pago en bonos, la eliminación del plus por zona desfavorable y el congelamiento de la antigüedad. Luego, la devaluación licuó el poder adquisitivo de los salarios en un 30 por ciento. Recién durante el último año se han otorgado algunos “aumentos” que, en la mayoría de los casos, se limitaron a restituir los beneficios eliminados durante la crisis, sin siquiera llegar a igualar el poder adquisitivo que tenían los maestros antes del recorte.
Debido a los bajos salarios las clases comenzaron con conflictos gremiales en Entre Ríos, La Rioja, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Chubut y Jujuy donde se reclama desde un aumento del básico hasta la incorporación en el salario de sumas no remunerativas ni bonificables que se perciben desde hace varios años.
En la Argentina no hay dos provincias con la misma estructura salarial docente. Por lo tanto, es muy difícil que dos maestros cobren lo mismo por realizar el mismo trabajo si viven en jurisdicciones diferentes. Esta situación es habitual en regímenes federales o donde existen claras diferencias socioeconómicas entre regiones. Sin embargo, en la Argentina se bordea el extremo. La diferencia salarial entre un docente de Corrientes y otro de Tierra del Fuego, ambos con diez años de antigüedad en el cargo, es de 137 por ciento, pese a que el docente correntino cobra una cuota mayor de Incentivo por encontrarse entre las ocho provincias que tienen el peor salario del país. Otro ejemplo llamativo es el de Neuquén y Río Negro, dos provincias limítrofes que presentan una diferencia salarial de 41 por ciento a favor de la primera. Situación que ha llevado a muchos docentes rionegrinos a emigrar a Neuquén para mejorar su nivel de vida. Los factores que han influido para que los niveles salariales no se correlacionen entre sí son la variación del costo de vida entre las distintas provincias, el diferente poder de negociación de los sindicatos, los proyectos políticos de algunos gobernadores y las distintas alternativas que se manejaron frente a las restricciones presupuestarias. El Estatuto del Docente contempla un ingreso básico, un plus por antigüedad y otro por zona desfavorable. Sin embargo, desde hace varios años cuando los gobernadores decidieron recomponer el salario docente lo hicieron otorgando sumas extra con nombres de fantasía, que variaron según la provincia, para no tener que afrontar un incremento de los aportes patronales. Eso explica porqué en la mayoría de las jurisdicciones el básico permanece congelado desde hace más de una década al mismo tiempo que proliferaron sumas no remunerativas ni bonificables, que no se contabilizan para la jubilación, la obra social ni el aguinaldo.
Un ejemplo lo constituye Entre Ríos. Allí se pagan 204 pesos de básico, 102 pesos por antigüedad y luego se suman 19,80 pesos por “complemento temporal por traslado”, 30,44 pesos por “asignación especial no remunerativa”, 30,30 pesos por “adicional por productividad” y 35,80 pesos por “plus de perfeccionamiento”. Marta Madoz, secretaria general de la Asociación Gremial de Magisterio de Ente Ríos afirmó a Cash que “el gobernador Busti había prometido en 1992 incorporar esas sumas al sueldo básico. Sin embargo, está cumpliendo su tercer mandato y todavía no lo hizo”. Córdoba es otro caso similar. El básico es de 226 pesos, la antigüedad de 188 pesos y luego se agregan varios ítem adicionales entre los que se incluyen “complemento por capacitación”, “complemento por material didáctico” y “estímulo de calidad educativa”.
Uno de los casos más graves ocurre en Santa Cruz, la provincia del presidente Néstor Kirchner. Allí se paga un básico de 161,10 pesos y 250 pesos de presentismo que sólo se cobran si el maestro asiste a clase todos los días. La presión que ejerce ese incentivo hace que los maestros vayan a la escuela aunque estén enfermos. El aporte que realiza la Nación presenta las mismas características porque el Incentivo Docente es una suma fija no remunerativa ni bonificable.
Todos estos ítem han ayudado a mejorar el salario de bolsillo, pero cuando los maestros se jubilen, el básico, la antigüedad y el plus por zona desfavorable serán los únicos rubros que se contabilizarán para obtener el haber jubilatorio. Lo que se incluye bajo esos conceptos son montos irrisorios. La mayoría del salario se abona en gris, ya que aparece registrado, pero no suma para los aportes, situación que se contradice con la campaña que lleva adelante el Ministerio de Trabajo para reducir el empleo no registrado bajo la consigna “esta vez va en serio”.
El nivel salarial también resulta bajo cuando se lo compara con otros países. Según un informe de la OCDE, el salario de un docente argentino con quince años de antigüedad es un 8 por ciento menor al ingreso per cápita promedio de los trabajadores del país, mientras que en Brasil es un 45 por ciento mayor, en Chile un 37 por ciento y en Paraguay un 100 por ciento. Esas cifras sirven para reflejar el deterioro que padece la profesión docente en la Argentina.
El financiamiento educativo será motivo de debate durante los próximos meses porque el aumento del Incentivo Docente se revela insuficiente frente a la postergación histórica del sector. Además, es un beneficio que expira en abril de 2005. Si bien los salarios son responsabilidad de las provincias, el aporte nacional ha crecido tanto en términos relativos que en algunas jurisdicciones el Incentivo representa el 40 por ciento del sueldo docente. Esa situación le otorgará al gobierno de Kirchner, entonces, un papel protagónico en la discusión salarial.